La exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López, cuestionó el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al señalar que durante la crisis electoral de 2025 no atendió las denuncias que "alertaban" sobre ataques contra la institucionalidad democrática del país.
A través de una publicación en sus redes sociales, López se preguntó si la defensa de los derechos humanos se aplica de manera uniforme y criticó que la CIDH ahora abra espacios para debatir sobre la independencia judicial y la autonomía de las autoridades electorales.
"¿Derechos humanos? O ¿Derechos de algunos humanos?", escribió la diplomática.
López cuestionó por qué la CIDH "ahora sí da espacio a discutir la situación de la independencia judicial y autonomía de autoridades electorales", mientras que durante la crisis que enfrentaron el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), asegura que fueron rechazadas de forma reiterada las solicitudes presentadas por ciudadanos hondureños.
La exconsejera sostuvo que las múltiples peticiones individuales presentadas en ese momento constituían evidencia de un ataque sistemático contra las instituciones electorales y planteó interrogantes sobre si la actuación del organismo obedeció a "formalismos" o a un posible "sesgo y contención anticipada".
Asimismo, afirmó que resulta necesario analizar no solo las acciones de la CIDH, sino también sus omisiones durante el ciclo electoral hondureño, al considerar que las recomendaciones que ahora se consideran urgentes debieron ser aplicadas desde 2025.
"La verdad importa más que nunca y trascenderá las fronteras", concluyó López en su publicación.
Audiencia del Estado ante la CIDH
Las declaraciones de la embajadora se producen luego de que se conociera que el Estado de Honduras comparecerá el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder por la aplicación de la figura del juicio político utilizada para destituir al fiscal general, Johel Zelaya, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.
La audiencia está relacionada con el presunto incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, en la que se ordenó al Estado hondureño reformar ese mecanismo para fortalecer las garantías de independencia judicial.
La comparecencia fue solicitada por diversas organizaciones y, de acuerdo con la canciller Mireya Agüero, la representación del Estado estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
"Frente a esta solicitud el procurador Dagoberto Aspra y alguien de su equipo de asesores estará compareciendo ante esta sesión", manifestó la funcionaria, al indicar que la convocatoria fue remitida oficialmente por la Cancillería a la PGR.
La audiencia en Washington abordará el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Honduras en materia de independencia judicial.
