Tegucigalpa, Honduras
La Corte Suprema de Justicia rechazó un nuevo recurso contra el tribunal que va a juzgar a ocho acusados por el asesinato hace más de dos años de la ambientalista Berta Cáceres, informó Omar Menjívar, abogado de la familia de la líder indígena.
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A la familia Cáceres le interesa que se celebre “un juicio justo, que se dé la verdad de cómo y por qué ocurrieron las cosas”, abogado.
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Menjívar afirmó que la sala penal del Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado ese mismo día por la defensa que lleva el caso de Cáceres.
Dijo no compartir la resolución y estar sorprendido por la “celeridad” con la que la sala penal resolvió el recurso de apelación de hecho.
El juicio oral y público contra los ocho acusados, previsto para este lunes, fue nuevamente suspendido hasta nuevo aviso. Es la segunda vez que la familia de Berta Cáceres presenta una apelación contra el tribunal de sentencia.
La ambientalista fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), para protegerla de las constantes amenazas que recibía. Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (Desa,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas. Todos son acusados por el Ministerio Público por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen. El abogado Menjívar indicó que la resolución de la sala penal “no tiene una fundamentación jurídica” y considera que fue emitida “en aprietos”.
Anunció que interpondrá un recurso de reposición e insistió en que no comparte la resolución porque la familia de Cáceres busca que el juicio sea celebrado por un “juez o un tribunal imparcial”, bajo el argumento de que el tribunal de sentencia que juzgará a los acusados “no ha actuado con imparcialidad”.
