Tegucigalpa, Honduras
La reducción de la mora judicial ha sido uno de los retos históricos del Poder Judicial. En ese sentido, esta semana se presentó una propuesta para erradicar la mora judicial reformando el Código Procesal Penal.
Uno de los cambios que está solicitando el pleno de la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional es el enfocado en el artículo 300 que establece que hay 60 días entre la audiencia inicial y la audiencia preliminar, con prórroga de 60 días.
Se propone que en delitos graves que implica penas más de cinco años medie nada más 30 días con una prórroga de 20 días. Mientras tanto, para delitos menos graves el plazo entre la inicial y la preliminar sea de 15 días.
Asimismo, demandan la reducción de plazos en el tema del artículo 316 que otorga 10 días actualmente para interponer recusaciones, nulidades o excepciones. Se proponen cinco días. Entretanto, en el artículo 334 se sugieren se establezcan límites para efecto de los tiempos para que cada una de las partes formule sus conclusiones en la parte final de un juicio oral y público.
Asimismo, la iniciativa plantea que se permitan conclusiones hasta por 60 minutos en delitos graves y 30 minutos en los menos graves.
En el artículo 342 la ley ordena que debe mediar entre el fallo y la individualización de la pena hasta 30 días continuos. Se proponemos que se baje ese plazo a 15 días.
Casos en mora
De acuerdo con los datos proporcionados por los diferentes juzgados y tribunales del país y por el Centro de Documentación e Información Judicial (Cedij), los expedientes jurisdiccionales pendientes de una decisión final oscilan entre 156,401 y 186,987.
Raúl Pineda, abogado penalista, indicó que después de 14 años ya era necesaria la revisión de la efectividad del Código Procesal Penal.
Confió en que los diputados aprobarán las reformas, pero indicó que entre jueces, abogados y fiscales deben impulsar una reforma general del Código para que sea un instrumento ágil. “Hemos visto la propuesta de la Corte y creemos que son procedentes, pero sentimos que deben ser ampliadas a una revisión general del Código”.
Para el analista también es necesaria la aplicación de otras medidas. Pineda dijo que en materia penal está comprobado que la cárcel no es la mejor solución y hay que buscar modelos de justicia disuasiva. Otro punto que destacó es que el Estado debe reducir su papel en la participación de los juicios para dar más espacio a la víctima.
“Debe haber más participación de la víctima porque en algunos casos el Estado opacó esta participación”, agregó.
Miguel Pineda, magistrado de la Corte, dijo que la mora judicial no se ha acumulado en la actualidad, son cifras que vienen por décadas y muchas no son atribuibles al Poder Judicial.
“El Poder Judicial está comprometido en ese tema y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sacar adelante la mora judicial”, manifestó.
Los parlamentarios están en período de receso por las elecciones primarias y regresan a sesionar hasta el 23 de marzo.
