Durante más de seis años, varios exfuncionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos directores de hospitales y administradores, participaron en un esquema de fraude dentro del sistema sanitario.
Como resultado, el Ministerio Público decidió presentar un requerimiento fiscal.
De acuerdo con un documento del ente acusador del Estado, los servidores públicos facilitaron la desviación de millones de lempiras y la manipulación de fondos mediante contratos irregulares con empresas inexistentes, en lugar de velar por el uso adecuado de los recursos.
Entre 2009 y 2014, directores y administradores de hospitales en Honduras—desde San Lorenzo hasta Roatán, incluyendo Choluteca y La Ceiba—habrían perpetrado un esquema fraudulento a través de licitaciones, compras y contratos públicos.
El monto total del perjuicio supera los 77.9 millones de lempiras. Las indagaciones del Ministerio Público revelan que tanto funcionarios públicos como representantes de empresas privadas diseñaron un sistema que permitió el desvío de recursos.
Entre los acusados se encuentran Oscar Antonio Anariva Cruz, Emerita Donina Matamoros Ramírez y José Adolfo Ortega Hernández, quienes habrían firmado contratos y acuerdos en beneficio de empresas como Quimitec y Lofarma.
208 contratos con empresas fantasmas
Según el Ministerio Público, las empresas involucradas en la red de contrataciones irregulares obtuvieron contratos de compra de insumos médicos sin cumplir con los requisitos legales. La corrupción habría incluido manipulación de documentos, firmas de contratos sin normativas y falta de sanciones por retrasos en la entrega.
Se realizaron "208 procesos de licitación irregulares" para desviar fondos a estas compañías, muchas de las cuales no completaron las entregas o ni siquiera suministraron los productos contratados.
A pesar de que las normativas establecían multas diarias por retrasos, estas no fueron aplicadas, permitiendo que las empresas operaran sin consecuencias, revelan las investigaciones.
La falta de fiscalización facilitó compras sin presupuesto ni control, afectando la calidad y tiempos de entrega de insumos médicos esenciales. El fraude no solo causó daños financieros, sino que también comprometió la capacidad del sistema de salud para atender emergencias y brindar servicios adecuados a la población más vulnerable.
Las investigaciones continúan, y el Ministerio Público ha solicitado la captura de funcionarios y empresarios implicados en el esquema de corrupción.
