El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras llevó a cabo el pasado 14 de abril su primera sesión, encabezada por Nasry Juan Asfura, presidente de Honduras, junto a los titulares de los poderes del Estado.
En la reunión participaron Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional; Wagner Vallecillo, titular de la Corte Suprema de Justicia; y Pablo Emilio Reyes, fiscal general, quienes abordaron temas prioritarios en materia de seguridad y justicia.
El encuentro tuvo como eje central la protección de la vida, la libertad y el patrimonio de los hondureños, en un contexto marcado por los desafíos que representa el crimen organizado en el país.
Durante la sesión, las autoridades definieron una serie de acciones estratégicas orientadas a fortalecer el combate frontal contra estructuras delictivas y mejorar las condiciones de seguridad a nivel nacional.
Entre las principales medidas discutidas figura la propuesta de reformas al Código Penal, con el objetivo de endurecer la lucha contra el crimen organizado, especialmente en el delito de extorsión, que continúa afectando a familias y sectores productivos.
Asimismo, se planteó un proyecto de ley para incrementar las penas en casos de femicidio, como parte del compromiso estatal de proteger la vida de las mujeres y reducir la violencia de género.
Otro de los puntos abordados fue la revisión integral del régimen de medidas reguladoras de la libertad, con el fin de evitar abusos y garantizar una aplicación más efectiva de la justicia.
De igual forma, se acordó la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, considerada clave para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la persecución del delito.
En materia económica y legal, las autoridades también discutieron el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la propiedad privada, mediante mecanismos que permitan enfrentar el delito de usurpación y generar confianza en la inversión.
Las decisiones adoptadas, según lo expuesto en la reunión, buscan consolidar un Estado que haga cumplir la ley, garantice la seguridad ciudadana y promueva condiciones de estabilidad y desarrollo en Honduras.
