Del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad salió la orden para que el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad diera trámite a la compra directa y sin licitación de una flota de 75 vehículos con el fin de favorecer a una reconocida empresa distribuidora de autos que opera en la capital del país.
Además de eso, el Consejo ordenó el pago de más de 165 millones de lempiras para honrar la deuda que el Gobierno tenía con la empresa encargada del fallido proyecto de las cámaras de seguridad y la adquisición de equipo para la Ley de Escuchas.
La denuncia fue formulada por el empresario Eduardo Facussé, exrepresentante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante el Comité de la Tasa de Seguridad, quien reveló que desde el Gobierno se mandó la orden de compra de los automóviles sin licitación.
Lo anterior solo es parte de una serie de irregularidades que han salido a la luz pública en los últimos días en relación con la administración de los fondos de la tasa de seguridad poblacional desde que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad asumiera, por la vía de la reforma, la atribución de disponer del destino de esos fondos.
A estas anomalías se suma la enmienda hecha en octubre de 2011 que cambió la finalidad de los recursos provenientes de la tasa de seguridad para el fortalecimiento de las finanzas del Estado y el incremento de la burocracia y la contratación de personal en la oficina del Comité Técnico, denunciada desde el Congreso.
En la sesión legislativa del pasado martes, el diputado Francisco Rivera denunció que existen “intereses personales” dentro del Comité del Fideicomiso que impiden el desembolso adecuado de los fondos y acusó a los miembros de esa instancia de convertir esa entidad en un nido de burócratas.
Rivera no reveló de dónde provienen esos intereses personales, pero dio a entender que se trata de discordias entre los representantes del Cohep por aspectos estrictamente económicos.
Irregular compra de vehículos
Facussé confirmó anomalías que motivaron su salida de la referida instancia, pero salió en defensa del Comité del Fideicomiso, cuyos miembros, dijo, se han dedicado a manejar transparentemente los recursos de la tasa de seguridad poblacional y garantizar que se hagan las licitaciones correspondientes.
Dijo que durante su estadía en el Comité se tuvo que pasar por el trámite burocrático que implica la Ley de Contratación del Estado, la que establece que para realizar una licitación o un proceso de compra es necesario pasar por seis y ocho etapas que llevan entre 10 y 12 meses.
Recordó que para hacer más expeditas las compras se le mandó un escrito al Presidente de la República para que a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se emitiera un acuerdo para agilizar el proceso sin licitación pública y privada, haciéndolas más transparentes para que el Comité pudiera tener mayor agilidad.
“Eso se quedó en el olvido. El Poder Ejecutivo no se pronunció al respeto y ahora viene el diputado Francisco Rivera hablando de que son entorpecimientos que se crean por diferencias internas en el Cohep, lo cual no viene al caso”, cuestionó.
Señaló que lo que se ha venido diciendo es que se hagan licitaciones públicas, que la gente se dé cuenta y que participe la mayor cantidad de personas en el proceso para que los precios sean menores.
Facussé reveló que toda la discordia surgió por la licitación para adquirir vehículos que, en su opinión, estaba plagada de irregularidades, pues existía el interés de favorecer a un grupo distribuidor de automotores.
“Desafortunadamente mandaron una orden del Consejo Nacional de la Defensa de Seguridad por 75 vehículos Toyota ya con nombre y apellido y eso realmente molestó en el seno del Comité Técnico, porque no se había abierto la gama de ofertantes. Esto como que molestó a ciertas personas, pusieron su reclamo y ahora quieren achacarle al Comité Técnico que por eso se ha atrasado la cuestión”, reveló.
Fustigó que, si ahora se le va a poner nombre y apellido a las compras, “estamos mal. Debe haber transparencia. A mí me han querido involucrar en este proceso. No he tenido nada que ver, nunca he sido burócrata”.
El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa remitió una orden para pagar 165 millones de lempiras correspondientes de las cuotas vencidas de las cámaras de seguridad e implementar la Ley de Escuchas, por lo que no quedó otra alternativa que acatarlo porque era una orden directa del Poder Ejecutivo.
“Ahora, si todas las compras se van a hacer así, que han sido altamente cuestionadas, es responsabilidad de otros y no de los que solo administramos los recursos. La realidad es que aquí debe haber transparencia”.
En defensa de las severas críticas de los diputados a los miembros del Comité Técnico, Facussé dijo que también se debe investigar la utilización de los recursos que maneja el Congreso, ya que los diputados no reportan a nadie lo que hacen con los fondos. Aclaró que hasta el 30 de abril los fondos obtenidos a través del Comité Técnico del Fideicomiso ascendían a 1,188 millones de lempiras, pero de esa cantidad han sido ejecutados o asignados 547 millones, es decir, más del 50 y 60%, habiendo una reserva de más de 600 millones de lempiras.
Sobre la lentitud en el manejo y la ejecución de los fondos por los trámites burocráticos, Facussé fue enfático al señalar que prefería que ese dinero esté bien resguardado en el Banco Central que en la bolsa de los “pícaros”.
Compra sin licitación
En una conferencia de prensa, el coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ferrera, y el representante de la empresa privada, Juan Ramón Molina, defendieron la administración de los fondos y atribuyeron a los propios beneficiarios la lentitud de los desembolsos.
Reveló que del Consejo de Defensa vino la orden al Comité para que se favoreciera a una empresa distribuidora de vehículos Toyota en la adquisición de una flota de más de 75 automóviles para la Policía y las Fuerzas Armadas, pero que por presión de las empresas distribuidoras se determinó que la compra se hiciera vía licitación pública.
Ferrera aseguró que la presidenta del Cohep, Aline Flores, se puso en contacto con ellos para sugerirles que la compra se hiciese mediante el proceso de licitación para evitar cuestionamientos.
Sin embargo se confirmó por otras fuentes que hubo una modificación a los términos de las bases para permitir que se beneficiase a la empresa que tuviese disponibilidad inmediata de las unidades solicitadas.
Ayer el Comité aperturó los sobres que contienen las ofertas para la adquisición de 135 vehículos para equipar a las Fuerzas Armadas y la Policía por un monto de 67.6 millones de lempiras, entre los cuales están 75 autos que se pretendió comprar de forma directa.
El coordinador del Comité del Fideicomiso confirmó que también se dio trámite de 300 millones de lempiras para el pago de las cámaras de seguridad e implementar la Ley de Escuchas.
No hemos participado en ninguna compra directa: Flores
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores, manifestó en defensa de su empresa Corporación Flores que no tuvo ninguna participación en que se le beneficiara en la compra directa de un lote de vehículos Toyota para fortalecer a la Policía Nacional y a los militares.
“Jamás hemos recibido una orden de compra directa del Consejo de Defensa de la República. Segundo, en una hora se está abriendo la licitación, lote número dos de automóviles, allá en Tegucigalpa por el Comité Técnico, donde están participando todas las distribuidoras del país”, aclaró.
Aseguró que en el primer lote su empresa no participó y manifestó que el Cohep como organización ha sido muy claro con sus representantes en el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad y con los demás miembros de tener un proceso de transparencia y de licitación en cada uno de los procesos de compra de servicios y de bienes.
“Hemos sido bien claros en que no vamos a permitir que se nos esté poniendo en una situación que la opinión pública debe estar clara”, indicó.
Enfatizó en que Corporación Flores, distribuidora de la marca Toyota en Honduras, no ha participado ni ha sido beneficiada en ninguna compra directa hecha por el Gobierno.
