Por unanimidad, el Congreso Nacional aprobó este lunes 26 de enero el dictamen que autoriza la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, matrícula FAH‑001, decisión que faculta al Poder Ejecutivo a comercializar la aeronave mediante subasta pública u otro mecanismo legal, bajo criterios de transparencia y conforme a la normativa vigente.
La iniciativa fue presentada la tarde del 25 de enero por el diputado nacionalista por Yoro, Eder Mejía, durante la primera sesión legislativa tras la instalación de la nueva legislatura.
Proyecto | Eder Mejía | Partido Nacional
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) January 25, 2026
Venta del avión presidencial para redirigir esos recursos a programas prioritarios de salud, educación, seguridad alimentaria, acceso a agua potable e infraestructura, en beneficio directo del pueblo hondureño. pic.twitter.com/nftJnd2vlE
La propuesta, solicitada por Nasry Afura, fue sometida a votación en sesión ordinaria y quedó aprobada por unanimidad de los congresistas presentes.
Durante el debate para la aprobación del decreto, Fabricio Sandoval, congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), pidió la palabra y aseguró que la presidenta Xiomara Castro viajaba en clase económica y que no utilizaba el avión presidencial.
"Nunca usó el avión Xiomara Castro y siempre dispuso la venta de ese avión y no necesitó la autorización del Congreso", explicó.
Sin embargo, durante su intervención, la diputada liberal Alia Kafati pidió que se presentara la bitácora de vuelos de la aeronave, señalando que existen versiones contradictorias sobre su propiedad y uso.
"Señor Tito Asfura, cumplan, véndanlo, pero háganlo bien... con rendición de cuentas al país y que ese dinero no se pierda ni se diluya. Se han manejado varias versiones. Primero se dijo que había sido donado por Taiwán, luego salió que se había comprado con fondos de la Tasa de Seguridad, luego Libre dijo que se vendía, pero después no porque no había documentos", dijo.
Según el decreto aprobado, antes de ejecutar la venta del avión presidencial deberá realizarse un avalúo con el propósito de fijar un precio de mercado justo y evitar perjuicios al patrimonio del Estado. Además, el proceso de comercialización deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos.
El decreto también estipula que los recursos obtenidos por la venta del Embraer Legacy 600 serán destinados exclusivamente a programas sociales, entre ellos el fortalecimiento del sistema de salud pública, el aseguramiento de medicamentos e insumos hospitalarios, la construcción y mantenimiento de centros educativos, programas de nutrición y apoyo alimentario, así como proyectos de acceso a agua potable en comunidades vulnerables, todo bajo la supervisión del Congreso Nacional.
Reacciones
Durante el debate legislativo, el diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD), Carlenton Dávila, cuestionó la permanencia de bienes de alto costo operativo en un país con múltiples carencias sociales.
“No es coherente que el Estado mantenga bienes de alto costo operativo cuando hay hospitales, escuelas, carreteras, comunidades que requieren apoyo. Un avión presidencial no es indispensable para gobernar. Existen mecanismos más económicos y eficientes para la movilidad de nuestros funcionarios sin cargarle los costos a nuestro pueblo”, expresó.
El parlamentario añadió que los gastos asociados a la aeronave van más allá de su adquisición. “No se trata solo del avión, sino de mantenimiento, combustible, tripulación, seguros, repuestos, son millones de lempiras que se podrían destinar a prioridades en nuestro país”, sostuvo, al considerar que la venta del avión envía un mensaje de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
“Vender este activo es una decisión responsable y envía un mensaje claro que los recursos del Estado deben servir al pueblo y no a privilegios del poder”, agregó, Dávila condicionando el respaldo de su bancada a que el proceso se realice bajo criterios técnicos y de evaluación transparente.
Desde la bancada del Partido Liberal, la diputada Iroshka Elvir elevó el tono del debate al señalar responsabilidades políticas y administrativas en la compra de la aeronave durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. “Ustedes están rectificando sobre un error que ustedes mismos cometieron en la administración de Juan Orlando Hernández sobre la compra de este avión presidencial para el año 2014 y que mintieron”, afirmó.
Elvir sostuvo que inicialmente se presentó la aeronave como una donación del gobierno de Taiwán, pero posteriormente se conoció que los fondos provinieron de la tasa de seguridad, señalando además que la operación se habría realizado bajo esquemas de secretismo. “Es importante señalar esto porque el pueblo hondureño no debe olvidar estas acciones, pero lo importante más allá de los errores es la rectificación y que el dolo que se realizó en esta administración no debe quedar impune, debe haber una responsabilidad administrativa, penal y civil”, manifestó.
La diputada agregó que, además del valor de adquisición, los gastos de administración y operación del avión han superado los 40 millones de dólares, cuestionando la viabilidad de mantener este tipo de activos en un país con altos niveles de pobreza. “En un país tan pobre donde la gente vive con $1 al día, nosotros no podemos tener un avión tan costoso. Debemos vivir sobre todo los políticos con las medidas económicas que representen la dignidad del pueblo hondureño y no utilizar este tipo de transporte que es un lujo en un país tan pobre como el pueblo hondureño”, concluyó.
Polémica adquisición
La aeronave en cuestión fue adquirida en 2014 bajo la versión oficial de que se trataba de una donación del gobierno de Taiwán; sin embargo, posteriormente se conoció que la compra se realizó con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) por un monto cercano a los 14.79 millones de dólares.
El Embraer Legacy 600 ha sido objeto de debate en los últimos años, debido a que su venta ha sido anunciada en repetidas ocasiones, aunque enfrentó retrasos por dificultades técnicas y documentales que incluso llegaron a impedir que la aeronave pueda ser inscrita como patrimonio estatal sin previa certificación reglamentaria.
