El avión presidencial fue vendido por 137.7 millones de lempiras, pero su costo de adquisición en 2014 fue de 314.6 millones, representando una pérdida de 176.9 millones para el Estado de Honduras
La investigación sobre si la aeronave fue comprada o donada no impedía legalmente la subasta. El Congreso Nacional autorizó la venta y no existe una medida aprobada por un juez que lo impidiera
