El Congreso Nacional dio un nuevo paso en la investigación del caso Korium al instalar una comisión especial que se encargará de analizar el impacto del colapso de la plataforma y definir las acciones que permitan esclarecer el destino de los recursos de miles de afectados.
La designación recayó en el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el equipo legislativo que revisará la documentación, los bienes incautados y la actuación de las instituciones vinculadas al caso.
Revisión profunda de bienes y documentación
La comisión iniciará con una verificación exhaustiva de los bienes asegurados por el Ministerio Público, entre ellos propiedades y dinero decomisado durante las primeras etapas de la investigación. El objetivo es establecer el estado actual de esos activos y determinar si pueden utilizarse para resarcir, parcialmente, las pérdidas de los inversionistas.
Asimismo, los congresistas solicitarán a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) los expedientes y reportes relacionados con la operación de Korium, empresa señalada de haber ejecutado un esquema piramidal que dejó cuantiosas pérdidas para ciudadanos en distintos departamentos del país.
Reencuentro con los afectados
Como parte del proceso, el Congreso convocará a una asamblea amplia con los perjudicados para reconstruir el registro oficial de inversionistas y conocer el volumen real de fondos involucrados. La intención es establecer una base de datos confiable que permita avanzar hacia eventuales mecanismos de compensación.
Compromiso de seguimiento
Barrios aseguró que el trabajo no se limitará a recopilar información, sino que también incluirá propuestas para fortalecer los sistemas de supervisión y evitar que este tipo de estructuras fraudulentas vuelvan a operar en el país. La comisión mantendrá comunicación directa con las instituciones estatales encargadas del caso y con los representantes de los afectados.
El caso Korium, investigado desde el año pasado por su presunta operación bajo un esquema Ponzi, dejó varios ejecutivos procesados y cientos de familias esperando una respuesta institucional sobre el destino de sus ahorros.