El Congreso Nacional aprobó este jueves 12 de marzo la reforma por adición a la Ley de Municipalidades que establece un blindaje definitivo a las finanzas locales.
La reforma se aprobó como una respuesta inmediata a las demandas de las nuevas autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
La modificación, que da vida al Artículo 91-A, prohíbe que los entes judiciales ordenen embargos que superen el 30% de las transferencias que el Gobierno central otorga a los municipios.
La iniciativa, presentada apenas 24 horas antes por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue dictaminada de urgencia tras conocerse casos críticos donde algunas alcaldías sufrieron el embargo del 100% de sus recursos durante años consecutivos.
Esta práctica, calificada como abusiva por los parlamentarios, había provocado la parálisis de servicios básicos y el impago de planillas en comunidades categorizadas como vulnerables.
Con la entrada en vigencia del Artículo 91-A, los jueces quedan obligados a solicitar información previa a la municipalidad sobre su capacidad de pago y otros embargos vigentes antes de dictar una medida precautoria.
El espíritu de la ley busca proteger el 70% restante de la transferencia para que las alcaldías, especialmente las de categoría "D" que dependen en un 90% de estos fondos, puedan seguir operando.
