El Congreso Nacional aprobó este miércoles un decreto en el que se indica, entre otras cosas, que se asignen 1.5 millones de lempiras para el funcionamiento de la Comisión Interventora del Ministerio Público.
El decreto aprobado en un solo debate, con un balance de 88 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, consta de tres artículos.
Además, con este decreto, que ayer mismo entró en vigor, se amplió, por segunda ocasión, el período de gestión de la junta de intervención, especificando que la Comisión seguirá en funciones hasta que el Poder Legislativo nombre un nuevo Fiscal General y un Fiscal Adjunto.
La junta interventora fue creada el pasado 17 de abril, cuando en la Cámara Legislativa se aprobó el decreto 59-2013.
En ese momento se determinó que la Comisión tuviera un tiempo de acción de 60 días.
Pero en los primeros días de junio la Comisión Interventora dio detalles en el Congreso Nacional del informe preliminar sobre los hallazgos en la Fiscalía hondureña.
Además recomendaron que se creara una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y se eligieran nuevos fiscales en audiencias públicas.
Poco tiempo después, el Poder Legislativo decidió otorgar una ampliación de 45 días de gestión a la Interventora, período que concluía hoy. La Junta está integrada por los abogados Lino Tomás Mendoza, Miriam Guzmán y Ángela Madrid y es presidida por María Antonia Navarro.
Esta comisión se encuentra al mando del Ministerio Público.
El presupuesto
Algunos diputados se mostraron en contra de la autorización que da el decreto a la Secretaría de Finanzas para que esta entregue a la Interventora un presupuesto de 1.5 millones de lempiras.
El argumento de quienes están en contra de dar esta partida presupuestaria a la Comisión es que este grupo de trabajo podría usar el presupuesto regular del Ministerio Público.
Sin embargo, Mauricio Oliva, presidente del Congreso, dijo que el presupuesto del Ministerio Público es para que este funcione y para la práctica de las pruebas de confianza, que no estaban presupuestadas, y explicó que esa institución está operando con un déficit.
El decreto, con el que se amplió el período de gestión de la Junta Interventora y se le asignaron 1.5 millones, fue aprobado en un solo debate tras ser apoyada la petición de Sara Medin, diputada nacionalista por departamento de El Paraíso.
La ampliación
Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la ampliación del período de funciones de la Interventora.
Uno de los que estuvieron en contra fue el diputado Wenceslao Lara, quien pidió que se cumpliera lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, el cual señala que en ausencia definitiva del Fiscal General y Fiscal Adjunto, el coordinador de Fiscales debe asumir la titularidad de la institución.
Lara manifestó que no apoyaba la prórroga de la Junta Interventora ni la que, según él, sería una elección apresurada de los fiscales porque se estaba cometiendo una ilegalidad.
El diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Seguridad, opinó que no se le puede adjudicar semejante responsabilidad al director de fiscales debido a la crisis en el Ministerio Público y declaró que se ha estado malinterpretando esas disposición de la ley.
Respecto a la vigencia del decreto, el diputado Oswaldo Ramos Soto dio una explicación en el sentido de que, estando por vencer el plazo de la vigencia de la Comisión (anoche miércoles 31 de julio de 2013 a las doce de la noche), la publicación en el diario La Gaceta estaba condicionada al horario de labores de la Empresa de Artes Gráficas, de tal manera que esto no impedía que surtiera efecto lo aprobado por el Legislativo.
Críticas
Mario Rivera Vásquez, diputado pinuísta, no se mostró conforme con el desempeño de la Interventora.
“Cómo es que nos están pidiendo decisiones cuando las interpretaciones que se nos dan son antojadizas y se nos dice que hay una situación delicada en el Ministerio Público y no sabemos qué ha hecho esa Interventora porque no ha venido aquí a presentarnos un informe”, dijo Rivera.
En cuanto a la elección de los nuevos Fiscal General y Fiscal Adjunto, algunos diputados creen que a finales de agosto es posible que se nombre a los nuevos funcionarios en estos cargos.
Además se reformó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece las atribuciones legales de la junta proponente, la cual se encarga de nombrar a los candidatos a ocupar los puestos de Fiscal General y Fiscal Adjunto. La junta estaba integrada por cinco miembros, pero ahora estará conformada por siete.
Polémica con el artículo 18
Varios de los diputados del Congreso Nacional de la República están en contra de que una junta interventora esté a cargo del Ministerio Público, pues aseguran que debería estar al mando el coordinador de fiscales, quien actualmente es Roberto Ramírez Aldana.El artículo 18 dice textualmente: El Ministerio Público tendrá también un Fiscal General Adjunto bajo la subordinación directa del titular, a quien sustituirá en sus ausencias temporales y en las definitivas, mientras se produzca el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa o recusación.
Tendrá la dirección, orientación y supervisión inmediata de la Dirección de Administración y desempeñará las funciones que el Fiscal General le delegue, conforme a la presente ley. Le corresponderá asimismo dirigir los procedimientos relativos a la aplicación del régimen disciplinario dentro del Ministerio Público.
A falta del Fiscal General Adjunto, hará sus veces el director general de la Fiscalía.
Dato
El Artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público fue reformado ayer en el Congreso Nacional de la República.
Plazo
En 15 días, la junta proponente debe enviar nómina para elegir al nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto.
