El conflicto por el aumento a la tasa vial municipal en El Progreso sigue escalando, luego de que el alcalde Alexander López no asistiera al llamado a diálogo convocado para desrrollarse esta noche por sectores de la sociedad civil, empresarios y transportistas en la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso.
La ausencia del jefe edilicio fue interpretada por los sectores inconformes como un nuevo cierre a la posibilidad de acercamiento, en medio del rechazo ciudadano al ajuste, que según los manifestantes supera el 300% y golpea directamente a transportistas, taxistas, comerciantes y pobladores.
Desde el sector transporte, Jair Elis, miembro de la Asociación de Taxistas, advirtió que si el alcalde ignoraba el llamado a dialogar, la ciudad "permanecería cerrada desde la madrugada del martes como medida de presión". Al cierre de la jornada, se confirmó que López no llegó a la reunión realizada en la Cámara de Comercio.
Así se cierra una tensa jornada, que empezó con la conferencia de prensa convocada este lunes por el alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López, para brindar declaraciones sobre el aumento a la tasa vial municipal, terminó desarrollándose en medio de un ambiente de tensión, reclamos por parte de la ciudadanía y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
El encuentro con medios de comunicación se realizó a puertas cerradas en el Palacio de los Deportes o antiguo gimnasio municipal, donde el jefe edilicio compareció junto a funcionarios de la comuna para explicar los alcances del ajuste.
Protestas afuera y uso de la fuerza
Más temprano este día, la situación escaló cuando los manifestantes comenzaron a golpear los portones del recinto y a pedir que el alcalde "le diera la cara” al pueblo. Minutos después llegaron elementos de la Policía Nacional, que utilizaron gas lacrimógeno y agua lanzada desde una tanqueta para dispersar a las personas que permanecían en los alrededores.
Durante varias horas, los accesos al gimnasio permanecieron cerrados por agentes de la Policía Municipal, por temor a que los manifestantes ingresaran al lugar. Autoridades municipales, funcionarios y periodistas quedaron atrapados dentro del recinto mientras afuera continuaban los disturbios.
Los medios de comunicación pudieron salir finalmente hasta cerca de la 1:00 pm, cuando se abrió brevemente uno de los portones, brindando también el espacio para escuchar la opinión de los progreseños que se encontraban en el lugar.
Alcalde defiende proyecto vial
En su intervención, López defendió la actualización de la tasa vial al señalar que los recursos serán destinados al proyecto de Modernidad Vial y Ampliación del Distrito Comercial, una iniciativa que, según la municipalidad, contempla la pavimentación de al menos 20 kilómetros de calles con concreto hidráulico y busca mejorar la movilidad urbana, fortalecer el comercio y evitar que El Progreso quede rezagado frente a otros proyectos de desarrollo en la zona.
El alcalde sostuvo que este plan tiene su origen en 2015, cuando fue presentado en cabildo abierto, y recordó que también se contemplaba la ampliación del bulevar Elena Kuhlman. El proyecto debía financiarse mediante cooperación nacional e internacional, contribución por mejoras, tasa vehicular y transferencias del Gobierno Central.
La comuna señaló que el proyecto fue presentado en su momento ante el Congreso Nacional, pero no se ejecutó debido a que un decreto aprobado en enero de 2022 no llegó a publicarse en el diario oficial La Gaceta.
También dijo que posteriormente, durante la aprobación del Plan de Arbitrios de 2025, la Corporación Municipal habría mantenido el compromiso de no incrementar la carga tributaria sobre bienes inmuebles.
De acuerdo con la municipalidad, en diciembre de 2025 se aprobó la actualización de la tasa vehicular como una de las fuentes para financiar el proyecto, junto con transferencias del Gobierno Central y posibles préstamos. López también mencionó que el Congreso Nacional aprobó el Decreto 64-2026, que autoriza a la municipalidad a gestionar financiamiento para obras de infraestructura.
No obstante, el alcalde reconoció que las condiciones económicas actuales han cambiado y que el alza en los combustibles, la energía eléctrica y la canasta básica ha golpeado la capacidad de pago de las familias progreseñas. Bajo ese argumento, aseguró que “nada está escrito en piedra” y anunció la apertura de mesas de diálogo con transportistas, sectores sociales y representantes de la ciudadanía para revisar la tabla vehicular.
López insistió en que el proyecto vial generaría beneficios como reducción de tiempos de desplazamiento, impulso al comercio, atracción de inversiones, generación de empleo y aumento en la plusvalía de los inmuebles. También afirmó que el municipio no puede quedarse “con los brazos cruzados” ante inversiones estatales vinculadas al corredor turístico y al libramiento de la ciudad.
Consultado sobre la represión contra los manifestantes que se ha observado desde que iniciaron las protestas, el alcalde respondió que debe haber respeto de ambas partes y que se puede protestar sin afectar a otros ciudadanos. También hizo alusión a la Ley Antiterrorismo, al señalar que contempla sanciones contra quienes dañen bienes públicos o de la ciudadanía.
El jefe edilicio aseguró que pidió a las autoridades policiales evitar la confrontación. “Yo hablé con el jefe de la Policía Municipal y le dije cero confrontación, hay que buscar acercamientos y diálogo”, manifestó, al tiempo que reiteró que su administración mantiene abiertas las puertas para revisar la medida con los sectores afectados.
Sectores cuestionan el aumento y piden revertirlo
La explicación del alcalde no fue compartida por Raúl Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, quien cuestionó que la crisis haya llegado a este punto por no aceptar una sesión extraordinaria solicitada por siete regidores que buscan reversar el aumento. “Su opinión la respeto, pero no la comparto. Todos estos disturbios la ciudad no se los merece”, expresó.
Cárcamo pidió a la municipalidad presentar el punto de acta donde fue aprobado el incremento, al considerar que esa es la forma más clara de transparentar la decisión.
Señaló que en todas las sesiones municipales debe existir un acta levantada por la secretaria municipal y cuestionó que, al no ser públicas ni televisadas, las discusiones internas terminen generando dudas entre la población.
“Lo que la gente quiere es que se revierta ese aumento. Todo en la vida se puede retroceder, errar es de humanos y rectificar es de humanos también”, expresó, al cuestionar por qué el jefe edilicio no sale a dialogar con "el pueblo que lo ha mantenido por más de 20 años" como la máxima autoridad municipal.
Por su parte, la regidora y abogada, Kenya Pereyó, también rechazó la medida y calificó la situación como lamentable, atribuyendo la crisis que atraviesa la ciudad a lo que llamó un “capricho”, “intransigencia” y una actitud “dictatorial” por parte de una autoridad que, según dijo, debería procurar la paz y el desarrollo del municipio.
Pereyó sostuvo que el incremento a la tasa vehicular es ilegal y aseguró que no se trata de una disputa partidaria, sino de una medida que afectará a todos los progreseños, incluso a quienes no tienen vehículo, porque, advirtió, el aumento puede trasladarse al costo del transporte, productos y servicios.
La regidora afirmó que cualquier modificación a la tasa vehicular debe discutirse y aprobarse en sesión de corporación, asegurando que esto no ocurrió y que tampoco existe un acta debidamente firmada que respalde el incremento. Incluso advirtió que, si aparece posteriormente un documento de aprobación, podría tratarse de una falsificación de documentos públicos.
Desde el sector transporte, Jair Elis, miembro de la Asociación de Taxistas, rechazó que los manifestantes sean tratados como delincuentes y defendió que son trabajadores que salen a diario a ganarse el sustento. El dirigente dijo que el sector busca la derogación total del aumento a la tasa vehicular y denunció que personas infiltradas habrían provocado disturbios durante las protestas.
El dirigente informó que lunes por la noche se reunirían con empresarios y otros sectores en la Cámara de Comercio, e invitó a participar a medios de comunicación, autoridades municipales, la policía, iglesias, el gobernador de Yoro y representantes gremiales. Advirtió, además, que si el alcalde no atiende el llamado, la ciudad permanecería cerrada desde la madrugada del martes.
El conflicto por la tasa vial mantiene a El Progreso en un punto crítico, entre el argumento municipal de financiar obras de infraestructura y el rechazo de ciudadanos, empresarios, regidores y transportistas que consideran desproporcionado el incremento.
La salida, según coinciden distintos sectores, dependerá de que la municipalidad abra un diálogo real, transparente y con capacidad de revisar una medida que ha provocado protestas, bloqueos de calles, puentes, enfrentamientos y una nueva fractura entre la población y sus autoridades locales.