La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó un fallo absolutorio a favor del comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco.
La resolución se basó en la “insuficiencia probatoria por parte del ente acusador del Estado”. Como consecuencia, se dejaron sin valor ni efecto las medidas cautelares impuestas en el proceso y se suspendió la caución hipotecaria que había sido presentada.
Tras conocer el fallo, Mejía expresó: “Me ha causado mucho perjuicio. En su momento analizaremos junto a mi equipo de defensa la posibilidad de ver si hay alguna razón o algún motivo que nos pueda servir como argumento de defensa para poder recibir lo que nos corresponde”.
El Ministerio Público había acusado al excomisionado por el delito de lavado de activos. Y en respuesta, el exfuncionario policial respondió: “El Ministerio Público hace su trabajo, pero si no encontró suficientes elementos, es sencillamente porque no los había”.
“Se ha hecho un daño totalmente irreversible. Treinta años de servicio impecable en una institución que adoro fueron marcados de manera injusta, de una manera tan bárbara. Afectaron a mi esposa, a mi exesposa, a toda mi familia. Es algo que no se puede reparar con una resolución”.
El proceso judicial contra Mejía se remonta a una investigación iniciada en octubre de 2018.
Según el expediente fiscal, entre 2012 y 2017 su patrimonio y el de su núcleo familiar presentaban inconsistencias por más de 17 millones de lempiras, que no podían ser justificados con sus ingresos.
“Lo que se habló aquí son de cifras bien bajas, de movimientos que se hicieron justamente por préstamos, préstamos que se hicieron en la banca, préstamos a personas particulares”, declaró el exoficial.
A raíz de esto, en junio de 2023, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron un fallo de extinción definitiva de dominio sobre dos viviendas, dos vehículos y trece cuentas bancarias a nombre de Mejía y su esposa, Wendy María Castro.
Además, la acusación penal también incluyó a su exesposa, Denisse Yamileth Morales, quien fue condenada en 2021 por lavado de activos y a quien se le ordenó el comiso de siete cuentas bancarias.
Asimismo, el requerimiento señalaba a seis policías activos y tres ya depurados, imputados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la UF-ADPOL, mientras Mejía fungía como jefe departamental de la Policía Nacional en Choluteca, entre 2012 y 2015, se estableció una estructura en la que agentes cobraban sobornos a transportistas para permitir el paso de ganado sin restricción.
