Tegucigalpa, Honduras.
Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) pidieron ayer a las autoridades del Congreso la derogación del artículo 335-B, el cual es considerado violatorio a la libertad de expresión.
Si no se suprime -como afirmaron los diputados antes de las elecciones primarias- se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, informó Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH.
Ayer, los representantes del gremio se reunieron con algunos miembros de la junta directiva del Congreso para presentar la posición de los comunicadores.
De acuerdo con un comunicado del CPH, la determinación de pedir la derogación del artículo se hizo luego de un amplio análisis en el gremio y con expertos en Derecho Constitucional, Penal, exmagistrados de la Corte y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
“Se concluye y ratifica que el artículo 335-B violenta garantías constitucionales, especialmente aquellas que garantizan la libre expresión y emisión del pensamiento”, apunta el documento.
El planteamiento anterior se basa en los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República; los artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y Expresión; asimismo, el artículo 2 de la Ley de Emisión del Pensamiento y otras disposiciones internacionales en materia de derechos humanos a las cuales Honduras está suscrito.
Agregado
Cabe recordar que el artículo 335-B fue adicionado por el diputado nacionalista Óscar Álvarez luego de la aprobación de un paquete de reformas penales, por lo que no fue sujeto a análisis de la Corte.
En ese sentido, el gremio periodístico a través del CPH, consideró que la aprobación de este polémico artículo es ilegal porque no siguió el procedimiento que establece el artículo 219 de la Constitución.
Este indica que “siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal”.
Ante este análisis, el CPH ve improcedente una reforma o nueva redacción del artículo, porque siempre sería violatorio a la libertad de expresión.
Rodríguez manifestó: “No acompañaremos una iniciativa así, y de no derogarse interpondremos un recurso ante la Corte”.
Entretanto, Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, durante la reunión indicó que presentará ante el pleno en los próximos días una reforma al artículo 335-B del Código Penal, lo cual es rechazado por el CPH.
Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso, añadió que el pleno de la cámara será quien tome la decisión ante la reforma.
Al mismo tiempo dijo que luego se enviará a la Corte para que ese poder del Estado emita su opinión.
“Ya salieron otros escenarios en la reunión y piden la derogación del artículo. Existe el compromiso y la voluntad de revisar el artículo, y lo más importante es que la reforma irá a opinión a la Corte porque es una modificación al Código Penal”, afirmó.
Agregó que en la modificación se podrá dejar una excepción a la labor periodística.
“Es decir, que si se informa sobre un acto terrorista, eso no será un delito”, afirmó el diputado.
Las reformas penales fueron aprobadas el 22 de febrero y horas después se adicionó el artículo 335-B; todas las reformas fueron sancionadas el 27 de ese mismo mes.
Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) pidieron ayer a las autoridades del Congreso la derogación del artículo 335-B, el cual es considerado violatorio a la libertad de expresión.
Si no se suprime -como afirmaron los diputados antes de las elecciones primarias- se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, informó Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH.
Ayer, los representantes del gremio se reunieron con algunos miembros de la junta directiva del Congreso para presentar la posición de los comunicadores.
De acuerdo con un comunicado del CPH, la determinación de pedir la derogación del artículo se hizo luego de un amplio análisis en el gremio y con expertos en Derecho Constitucional, Penal, exmagistrados de la Corte y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
“Se concluye y ratifica que el artículo 335-B violenta garantías constitucionales, especialmente aquellas que garantizan la libre expresión y emisión del pensamiento”, apunta el documento.
El planteamiento anterior se basa en los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República; los artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y Expresión; asimismo, el artículo 2 de la Ley de Emisión del Pensamiento y otras disposiciones internacionales en materia de derechos humanos a las cuales Honduras está suscrito.
Agregado
Cabe recordar que el artículo 335-B fue adicionado por el diputado nacionalista Óscar Álvarez luego de la aprobación de un paquete de reformas penales, por lo que no fue sujeto a análisis de la Corte.
En ese sentido, el gremio periodístico a través del CPH, consideró que la aprobación de este polémico artículo es ilegal porque no siguió el procedimiento que establece el artículo 219 de la Constitución.
Este indica que “siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal”.
Ante este análisis, el CPH ve improcedente una reforma o nueva redacción del artículo, porque siempre sería violatorio a la libertad de expresión.
Rodríguez manifestó: “No acompañaremos una iniciativa así, y de no derogarse interpondremos un recurso ante la Corte”.
Entretanto, Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, durante la reunión indicó que presentará ante el pleno en los próximos días una reforma al artículo 335-B del Código Penal, lo cual es rechazado por el CPH.
Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso, añadió que el pleno de la cámara será quien tome la decisión ante la reforma.
Al mismo tiempo dijo que luego se enviará a la Corte para que ese poder del Estado emita su opinión.
“Ya salieron otros escenarios en la reunión y piden la derogación del artículo. Existe el compromiso y la voluntad de revisar el artículo, y lo más importante es que la reforma irá a opinión a la Corte porque es una modificación al Código Penal”, afirmó.
Agregó que en la modificación se podrá dejar una excepción a la labor periodística.
“Es decir, que si se informa sobre un acto terrorista, eso no será un delito”, afirmó el diputado.
Las reformas penales fueron aprobadas el 22 de febrero y horas después se adicionó el artículo 335-B; todas las reformas fueron sancionadas el 27 de ese mismo mes.
