25/04/2024
11:03 PM

CNA denuncia nombramiento de actuales procuradores

Según el CNA, el procurador general, Manuel Antonio Díaz Galeas y el subprocurador, Tomás Emilio Andrade Rodas, no reunían los requisitos constitucionales para ser nombrados en el cargo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este martes ante el Ministerio Público (MP) el nombramiento “inconstitucional” de los actuales procuradores de la República.

Se trata del procurador, Manuel Antonio Díaz Galeas, y el subprocurador, Tomás Emilio Andrade Rodas, cuyos nombramientos, según el CNA, violentan la normativa constitucional.

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La entidad anticorrupción argumenta que el actual Congreso Nacional “incumple lo que establece el artículo 229 de la Constitución, en relación a los requisitos para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República, en un claro ejemplo de inobservancia al principio de legalidad y debido proceso”.

La denuncia del CNA por el nombramiento de los actuales procuradores de la República.

Fue el pasado 2 de febrero de 2022 que el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, presentó la moción legislativa para el nombramiento de los dos funcionarios, que se aprobó en horas de la madrugada del 3 de febrero y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta cinco días después.

PARA SABER

El Consejo Nacional Anticorrupción cuestiona que tanto el procurador general y el subprocurador no poseen el grado de notario, el cual exige la ley para sus nombramientos.

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“El CNA sustenta la acusación en lo que establece el articulo 500 del Código Penal, al cometer acciones de ´anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas´, en la que incurren los funcionarios de la PGR y quienes los propusieron en el cargo”, indica una nota de prensa del ente de sociedad civil.

No obstante, el CNA dijo que en el caso de las y los diputados, “no pueden ser acusados, ya que se blindaron con la aprobación del decreto 117-2019 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece no incurren en responsabilidad penal, civil o administrativa en el ejercicio de sus funciones”.