El Congreso Nacional aprobó este viernes reformas a la Ley de Protección para Funcionarios y Exfuncionario en Riesgo, que incluye nuevos cargos de instituciones de seguridad que no existían en el 2014 cuando se creó el decreto.
Algunos diputados y analistas han advertido que esta reforma tiene como fin sentar un nuevo blindaje a funcionarios y exfuncionarios implicados en actos irregulares.
Con las reformas aprobadas ahora se dará protección especial al fiscal y exfiscales generales de la República, al igual que la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Asimismo, se estará protegiendo a magistrados, exmagistrados, jefes y exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), secretarios, exsecretarios de Seguridad, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; presidentes, expresidentes de las comisiones de Seguridad y Defensa nombradas por el Congreso Nacional.
La reforma de igual forma aplica para miembros y asesores de las comisiones especiales nombrados para procesos de depuración y transformación de la Policía Nacional, así como demás entes operadores de justicia aún después de concluido el término de duración o existencia de estas.
El decreto también incluye protección al director y exdirector general de la Policía Nacional; director y exdirector de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia; director y exdirector de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic); coordinador adjunto y excoordinador del Gabinete de Seguridad y Defensa; titular y extitulares de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (Fnamp), director y exdirectores del Instituto Nacional Penitenciario (INP); fiscalías del Ministerio Público; Instituto Nacional de Migración (INM); el titular y extitular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), conforme al análisis del riesgo surgido y por el tiempo que se determine.
La diputada Doris Gutiérrez dijo recientemente que el Congreso Nacional pretendía aprobar un millonario fideicomiso para protección de exfuncionarios.
“No se trata de agregar algunos detalles a la actual ley, pues solamente hubieran reformado la que ya está y le hubieran agregado los detalles, realmente se trata de un abuso contra el pueblo”, cuestionó la legisladora.
“Son 250 millones de lempiras que deberían ser utilizados para atender demandas urgentes del pueblo hondureño”, apuntó.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aclaró este viernes que “es falso que reformas a Ley de Protección a Funcionarios incluyan millonario presupuesto.
El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, manifestó que “es una reforma a una ley aprobada en enero del 2014, no es un nuevo decreto, lo que se está estableciendo son diferentes funcionarios que han estado en el combate contra la criminalidad. Tampoco se está estableciendo un fideicomiso por el monto que ha circulado en medios de comunicación”.
El diputado nacionalista Mario Pérez explicó que la asignación de personal de seguridad no se llevará a cabo de manera automática, sino a petición del interesado y tras un análisisis minucioso de riesgo.
“Se le hará una evaluación para comprobar si realmente existe peligro racional, creíble y serio, en base a la existencia de ello se determinará el tipo de seguridad que se le brindará. Esto no es automático, es decir, no porque haya ostentado un determinando cargo es que tendrá personal de protección asignado, además es opcional pedirlo”, señaló.
Según se conoció, no se establecieron montos fijos para financiar lo aprobado, sino que queda a discreción de cada gobierno.
