El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe cumplir al menos 51 tareas críticas como parte del cronograma previo a las elecciones generales del 30 de noviembre, mientras enfrenta presiones políticas, retrasos técnicos y acusaciones de intento de boicot por parte de diversos sectores.
El proceso electoral ya arrastra incumplimientos importantes. Por ejemplo, desde el pasado 2 de agosto, el CNE y el Registro Nacional de las Personas (RNP) debían comenzar a resolver los reclamos sobre el Censo Nacional Electoral, un proceso que debe concluir el 17 de agosto.
Ese mismo día también venció el plazo para que los jóvenes que cumplirán 18 años antes del 30 de noviembre solicitaran su Documento Nacional de Identificación (DNI), cerrando de forma definitiva la actualización del padrón.
Además, uno de los puntos más delicados es la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuyo plazo venció el 29 de julio sin que hasta ahora se haya firmado el contrato correspondiente.
Durante la segunda mitad de agosto se espera una intensa carga operativa en el órgano electoral. Se debe avanzar en la entrega de la distribución de cargos entre partidos para los Consejos Departamentales y Municipales Electorales, así como adjudicar los contratos para el sistema de control de calidad y la identificación biométrica, elementos clave para garantizar transparencia.
Está prevista también la publicación de los procesos de contratación de documentos electorales y el inicio de la difusión de las resoluciones relacionadas con los reclamos al censo. Paralelamente, se deberá lanzar la convocatoria para la contratación del servicio de transporte electoral y firmar —si se concreta— el contrato del sistema TREP.
A esto se suman las adjudicaciones del servicio de conectividad y la auditoría externa del proceso, así como la entrega de una nueva versión del padrón electoral al Consejo Consultivo. Agosto cerrará con tareas sensibles: la firma de la auditoría externa y el cumplimiento de plazos para que los partidos entreguen sus listados de representantes y delegados ante las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
El primero de septiembre arranca el período oficial de propaganda electoral, momento en que queda suspendida toda publicidad institucional por parte del Estado.
A partir de esa fecha, los partidos pueden solicitar permisos para eventos públicos con fines proselitistas. También se suspende la actualización de la división política electoral y se deben presentar las propuestas para conformar los CDE y CME. En los días siguientes se deberán formalizar los contratos para los sistemas de calidad, identificación biométrica y conectividad.
Uno de los eventos más sensibles del cronograma está previsto para el 11 de septiembre, cuando corresponde la rotación en la presidencia del CNE. Según lo establecido en la normativa electoral, Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, debe asumir el cargo. Sin embargo, sectores del partido Libertad y Refundación (Libre) impulsan la designación de Marlon Ochoa, lo que podría generar una nueva controversia institucional.
En la segunda mitad de septiembre, el CNE debe entregar el listado definitivo de electores a los partidos políticos, así como adjudicar los contratos de impresión de documentos oficiales y el transporte de materiales. Octubre comenzará con la conformación de los Consejos Departamentales Electorales, momento en el que también entra en vigor la prohibición para que los funcionarios públicos inauguren obras o hagan uso de recursos estatales con fines políticos. También se deberá distribuir la documentación que los partidos utilizarán para la conformación de las JRV.
El avance del cronograma continúa con la firma de contratos para el transporte de materiales y la entrega física del padrón electoral. A mediados de octubre se deben conformar los Consejos Municipales Electorales y firmar los contratos con las imprentas responsables.
El 29 de octubre, las Fuerzas Armadas —cuya imparcialidad ha sido puesta en duda por algunas de sus actuaciones recientes— quedarán oficialmente a disposición del CNE para colaborar en logística y seguridad. Un día después, el 30 de octubre, se cierra el período autorizado para publicar encuestas y sondeos.
En noviembre comienza la recta final del proceso. Se entregarán credenciales a miembros de las JRV y delegados, y se iniciará el traslado de materiales hacia las cabeceras departamentales.
El 24 de noviembre finaliza el período de propaganda electoral, y desde el día 25 se activa la fase crítica previa a la votación, con medidas como la restricción de espectáculos públicos y la prohibición de venta de alcohol, la cual comienza el sábado 29 a las 6:00 de la mañana. Ese día también se instalarán físicamente las Juntas Receptoras de Votos en los centros de votación y se continuará con la distribución de materiales.
Finalmente, el domingo 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir presidente, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, así como a los alcaldes y corporaciones municipales.
