Honduras defenderá la soberanía de los Cayos Zapotillos, promete Asfura

La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de autorizar la intervención de Guatemala en el litigio entre Honduras y Belice por los Cayos Zapotillos no solo reconfigura el proceso en curso, sino que también abre un nuevo escenario jurídico para la región.

El fallo, adoptado por unanimidad, rechazó los argumentos presentados por Honduras, que buscaba excluir a Guatemala al considerar su solicitud como un “abuso del mecanismo de intervención”.

Para el abogado experto en derecho internacional, Graco Pérez, la resolución es clara en sus implicaciones: “Eso es una derrota para Honduras... la Corte no aceptó los argumentos de Honduras para que Guatemala no interviniera”. A su juicio, el país no logró sostener una posición alineada con el espíritu del estatuto del tribunal.

El especialista explica que la base de la decisión está en el artículo que regula la intervención de terceros Estados, el cual establece que “si un Estado considera que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del juicio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir”.

Bajo esa lógica, considera evidente que Guatemala tenía fundamento para solicitar su participación, dado que comparte intereses territoriales en la zona.

Además, la Corte desestimó el argumento hondureño basado en el artículo 59 del Estatuto, que señala que las sentencias solo son vinculantes para las partes del litigio.

Según Pérez, Honduras pretendía sostener que Guatemala no necesitaba intervenir porque sus derechos quedarían protegidos indirectamente. Sin embargo, enfatiza: “La Corte le dijo que no... que ese argumento no es suficiente”.

Este punto, advierte, tiene implicaciones más amplias para la política exterior hondureña. “Ya la Corte con esto que dijo ahorita, eso no es así... no todo queda protegido”, señala, al explicar que una sentencia entre dos países puede terminar incidiendo en la delimitación de terceros, especialmente en zonas marítimas complejas como el Caribe.

En ese contexto, Pérez plantea que Honduras debe replantear de inmediato su estrategia. “Honduras se debe sentir obligado a intervenir en el caso Guatemala-Belice”, afirma, insistiendo en que el país aún está a tiempo de solicitar su participación.

A su criterio, lo ideal sería hacerlo como parte formal del proceso, aunque reconoce que será la Corte la que determine en qué calidad podría intervenir.

El abogado también aclara que este tipo de acciones no ocurren de oficio. “La Corte no lo va a hacer automáticamente... Honduras tiene que hacer la petición, así como lo hizo Guatemala”, explica, subrayando que la iniciativa debe surgir del propio Estado hondureño si quiere defender sus intereses de manera directa.

Sobre el estado actual del juicio, detalla que el proceso se encuentra en una fase intermedia. Belice ya presentó su memoria y Honduras su contramemoria, por lo que ahora corresponde a la Corte decidir si solicita nuevas rondas escritas, como la réplica y la dúplica. “Esto no termina ahorita... puede extenderse un poco más”, advierte.

Incluso, no descarta que la incorporación de Guatemala al proceso prolongue los tiempos. “Puede ser que pida dos documentos más escritos... y después podría haber una parte oral”, explica. En términos de plazos, estima que una sentencia podría tardar desde seis meses para definir el procedimiento siguiente, hasta varios años para un fallo definitivo, incluso dentro del actual período de gobierno.

Más allá del caso puntual, Pérez es crítico sobre el manejo histórico de los temas limítrofes en Honduras. “El descuido no viene del gobierno anterior, viene de todos los gobiernos hacia atrás”, afirma, señalando que el país ha perdido capacidad técnica en la defensa de su soberanía.

Recuerda que el último esfuerzo estructurado en esta materia se remonta a los procesos de delimitación con El Salvador en los años 90. “Después con Nicaragua se descuidó bastante y poco a poco se ha ido descuidando más”, agrega, evidenciando una tendencia de abandono institucional.

El experto también enfatiza la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado. “Profesionalizar cancillería, hacer todas las investigaciones y contrataciones necesarias y dedicarse a la temática”, enumera, como parte de una ruta mínima para enfrentar los litigios en curso.

Pérez advierte que el panorama es aún más complejo de lo que aparenta. Honduras no solo enfrenta el litigio actual, sino múltiples pendientes internacionales. “Tenemos pendiente no solo la frontera con Guatemala y Belice, tenemos pendiente la frontera con Jamaica y también con Colombia”, señala.

A esto suma la necesidad de revisar acuerdos previos, como el tratado sobre límites marítimos con Nicaragua. “Está pendiente... la revisión del tratado que firmó Juan Orlando... porque ese tratado lacera la soberanía de Honduras”, afirma, dejando ver preocupaciones adicionales en la política exterior reciente.

En el Caribe, además, Honduras comparte espacios marítimos con varios países. “Tiene fronteras con Guatemala, Belice, México, Nicaragua, Colombia y Jamaica”, enumera, subrayando la complejidad geopolítica de la región y la necesidad de una estrategia sostenida.

En el Pacífico, la situación tampoco está resuelta. Pérez recuerda que en el Golfo de Fonseca persisten tensiones con El Salvador. “No reconoce la sentencia de la Corte y está obstaculizando ahí a Honduras”, advierte, señalando otro frente activo que requiere atención.

Finalmente, el abogado insiste en que la decisión de la CIJ debe entenderse como una oportunidad para corregir el rumbo. “Tiene que verse como una oportunidad para la Cancillería... de crear todas las condiciones para defender la soberanía”, concluye.

Para Pérez, el mensaje es claro: Honduras no solo enfrenta un litigio, sino una agenda completa de fronteras que ha sido postergada por años y que ahora exige acción inmediata, técnica y sostenida.

El Gobierno de Honduras reafirmó su posición jurídica en la disputa territorial por los Cayos Zapotillos, luego de que la Corte Internacional de Justicia declarara admisible la solicitud de intervención presentada por Guatemala en el litigio que enfrenta al país con Belice.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional precisó que la participación de Guatemala será en condición de Estado no parte, lo que limita su intervención a la presentación de una declaración escrita sobre el supuesto interés jurídico que alega en el caso.

La controversia se remonta al 16 de noviembre de 2022, cuando Belice interpuso una demanda contra Honduras ante la CIJ, disputando la soberanía sobre los Cayos Zapotillos, territorio que el Estado hondureño sostiene le pertenece conforme a su Constitución.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2023, Guatemala solicitó intervenir en el proceso, argumentando que también mantiene un reclamo sobre estos cayos dentro de un caso paralelo que sostiene contra Belice ante el mismo tribunal internacional.

Durante las audiencias realizadas del 24 al 26 de noviembre de 2025 en La Haya, Honduras expuso los fundamentos jurídicos por los cuales consideraba improcedente la intervención guatemalteca, postura que también fue escuchada junto a los argumentos de Belice.

No obstante, la CIJ resolvió por unanimidad admitir la solicitud de Guatemala, aunque acotando su participación exclusivamente a la presentación de observaciones escritas. Tanto Honduras como Belice podrán responder a dicha declaración en los plazos que establezca la Corte.

La Cancillería indicó que el proceso judicial continuará una vez que la CIJ defina el calendario para la fase oral del caso, etapa clave en la resolución de la disputa.

Finalmente, el Gobierno reiteró su compromiso de defender la soberanía nacional y aseguró que informará oportunamente sobre los avances del litigio, en apego al derecho internacional.

En referencia a la decisión de la Corte, el presidente Nasry Asfura afirmó que “Estamos preparados para defender los Cayos Zapotillos (o Sapodillas como también se les conoce). Teníamos la información de que Guatemala, con alta probabilidad, entraría como un tercer participante, pero en Cancillería hay todos los recursos necesarios y en la Procuraduría General de la República (PGR) estamos preparados; hemos trabajado en la defensa de los cayos”, puntualizó Asfura.