Tegucigalpa. Un categórico rechazo causó entre diversos sectores la discusión de un decreto con el buscan autorizar el proyecto Puente Alto Energy S.A, parte del Grupo Emeco, para que opere sin requerimiento de permisos.
“El proyecto que pretende aprobar el Congreso Nacional no cumple con los principios de legalidad ni se enmarca dentro de los principios de integridad empresarial”, manifestó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) mediante un comunicado.
El sector privado afirmó que “este proyecto, violenta lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, lo cual significa un daño a la seguridad jurídica...y constituye un irrespeto a la institucionalidad de la Cree y de la Secretaría de Energía”.
1_Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, dejó claro anoche que se eliminaron de cualquier discusión los contratos de la alcaldía del Distrito Central y además la discusión de los contratos de energía, en el que está inmiscuido el grupo Emco.
2_Fue aprobado el decreto que nombra como diputados vitalicios a José Oswaldo Ramos Soto, Carlos Alfredo Lara Watson y se incluyó al diputado Óscar Najera.
3_Aseguran que no representa ningún gasto para el Estado por ser ad honorem.
El Cohep explicó que el proyecto es de interés nacional, por lo que no es por vía decreto legislativo que esto se concede o se autoriza, sino en Consejo de Ministros y además que cualquier inversión debe ser dentro del marco de la legalidad, seguridad jurídica y en cumplimiento con los principios de competencia leal y no ser lesiva a la moral.
Las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (Cree) denunciaron que la autorización de este proyecto trae consecuencias graves para el ambiente y para la salud humana, ya que permitiría el uso de combustibles dañinos que contaminan como el carbón.
El proyecto, que tiene un costo de más de $600 millones, tampoco cuenta con licencias ambientales y además constituye una competencia desleal al otorgársele beneficios particulares.
La Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (Ahpee) también se pronunció en los mismos términos y exigió que se haga respetar la Ley General de la Industria Eléctrica. Al tiempo que instaron al Congreso Nacional a desistir de dar beneficios particulares en el sector eléctrico, porque uno de los principales cambios que ha introducido la Ley es la competencia.
Esto es calificado por expertos como una abusiva concentración de poder económico que el CN y el Gobierno actual le han concedido al Grupo Emco del empresario Lenir Pérez, al que hace 10 días se le otorgó, sin licitación, el contrato de servicios de rayos X de Puerto Cortés por 25.7 millones de dólares por 13 años.
Así como se le concedió un contrato en la terminal de carga del aeropuerto Ramón Villleda Morales y la concesión y administración del aeropuerto Toncontín, al igual que de un inmueble en el puerto San Lorenzo.
La Empresa Puente Alto Energy informó, mediante un comunicado, que es “falso que a este proyecto se le haya aprobado o se le vaya a aprobar un contrato de generación de energía con el Estado”.
“Lo que se está culminando es un proceso amparado en la Ley de Promoción y Protección de la Inversión para un proyecto de inversión privada”, agregó.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia, dijo que el proyecto “fue presentado a CNI para consideración. Se encuentra en análisis... y no ha sido recomendado por CNI”.
