Tegucigalpa. La Unidad de Delitos Electorales presentó ayer los primeros requerimientos fiscales contra miembros de juntas receptoras de votos (JRV), que habrían adulterado actas el día de los comicios generales.
Se trata de tres personas acusadas, pero solamente una ha sido capturada.
El primer detenido fue identificado como Norman Dionisio Rivas Sierra.
En la audiencia de declaración de imputado el juez dictó detención judicial a Rivas Sierra por suponerlo cómplice en el delito de falsificación de documentos electorales en perjuicio de la Constitución de la República.
La audiencia inicial quedó para el 27 de diciembre a las 9:00 am. Las otras dos personas están prófugas de la justicia.
“No podemos dar los nombres de las demás personas, porque aún no han sido capturadas”, informó Yuri Mora, vocero del MP. La pena por delitos electorales es de tres a nueve años de cárcel.
