La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras y otras organizaciones sociales presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad parcial contra un decreto legislativo que reforma el delito de "asociación terrorista" porque, denuncian, busca "criminalizar la protesta".
Esta reforma, aprobada el pasado 18 de mayo, "busca criminalizar la protesta social en este país, en realidad es una amenaza para toda la población que lucha por su derecho en este país (...) porque narra que debe declararse terrorista a tres o más personas que se organizan para manifestarse frente a una institución pública", dijo a EFE el portavoz de la Plataforma Agraria, Yony Rivas.
Rivas aseguró que los campesinos no están contra el combate del delito, pero que para eso debe haber una reglamentación más clara sobre a quiénes se les debe declarar terroristas.
"Hasta hoy está generalizando, criminalizando a todos los que luchamos desde la parte pacífica y desde la parte legal, creo que eso no es correcto", subrayó.
"Este nuevo gobierno -que preside Nasry Asfura- está con un discurso planteándose criminalizar a los campesinos, a los indígenas y a todos los que luchamos por los derechos fundamentales en este país", enfatizó Rivas.
La protesta ante la sede del Supremo también "condena la estrategia de la narrativa del presidente del Congreso Nacional (Parlamento), Tomás Zambrano, y del ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, en contra del Aguán, manifestando que la Plataforma Agraria es una organización que debe ser investigada".
El Aguán es una región agrícola en el departamento de Colón, en el Caribe, asolada durante años por un conflicto de tierras, a lo que se suma el narcotráfico.
En un comunicado, los defensores expresaron que el discurso del gobierno "no es casual, forma parte de una estrategia por criminalizar la lucha legítima por la tierra, el territorio y los derechos colectivos, desviando la atención de los verdaderos responsables de la violencia estructural en el país".
Los manifestantes recordaron el asesinato de al menos 20 personas, en su mayoría ligadas a la recolección de fruta de palma africana en la aldea Rigores, departamento de Colón, el pasado 21 de mayo, por causas que las autoridades no han esclarecido.
Esa masacre "refleja la continuidad de la violencia contra quienes trabajan y defienden la tierra", añadió el comunicado.
Señala además que el discurso político de la nueva administración gubernamental es "peligroso" e "intenta responsabilizar a las propias víctimas campesinas de la violencia que sufren, presentándonos como delincuentes o incluso como terroristas".
Los defensores consideran que la reforma legislativa contra la que protestan "no está hecha para perseguir a los verdaderos criminales" y que, quienes la impulsan, "han sido incapaces de combatir el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado".
