A fin de lograr consenso para aprobar elLegislativo, tras recibir el mote de “sexto paquetazo y paque ‘tito’”, ya que en su contenido habían medidas que constituían un zarpazo para los contribuyentes al fisco.
Ambas leyes no cuentan con el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional.
Son medidas con las que el gobierno de Porfirio Lobo estima recaudar 1,600 millones de lempiras adicionales en el Presupuesto de la República y ahorrarse cerca de tres mil millones en el gasto público.
Compromisos con el FMI
El presidente de la Comisión de Presupuesto II, Francisco Rivera, confirmó que esta semana ha sido convocado el Congreso Nacional para aprobar estas leyes. Este lunes a las 2:00 pm se reúnen los jefes de bancada para la revisión del la ley del 1% a efecto de que el miércoles sea ingresada en el pleno para su aprobación, manifestó el congresista.
En cuanto a la Ley de Exoneraciones Fiscales, expresó que el proyecto ha retornado de nuevo a la cámara.
“Esperamos que las comisiones de dictamen trabajen sobre este proyecto y lo podamos someter a discusión en las sesiones de esta semana, porque urge su aprobación”, comentó Rivera. Las exoneraciones son un compromiso del Gobierno con el FMI y el Banco Mundial.
Segundo período
El Congreso Nacional está por iniciar el segundo período de sesiones de la tercera legislatura con un balance negativo en algunas de sus actuaciones.
Según las unidades de monitoreo de organizaciones de la sociedad civil acerca de la actividad legislativa, la imagen del Congreso Nacional se ha deteriorado por la práctica de aprobar leyes a la carrera y a puertas cerradas.
El último escándalo en que se vio envuelto el Legislativo fue la semana anterior, cuando se descubrió la existencia de un decreto con el que el Congreso autoriza la donación de un lote de chatarra a una empresa particular.
Dicho decreto fue aprobado a puertas cerradas para que no trascendiera la ilegalidad, pues la ley prohíbe que los bienes del Estado sean donados a particulares.
Otro de los escándalos que señalan las agencias de monitoreo de la actividad legislativa fue la aprobación a matacaballo del decreto 259-2011, que contiene la segunda modificación del contrato de concesión de los aeropuertos de Honduras, consistente en ampliar hasta el año 2040 el manejo de los aeropuertos a la compañía InterAirports y contenía un aumento a la tasa aeroportuaria.
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