Finalmente el denominado sexto paquetazo o paquetito en alusión a Héctor Tito Guillén, ministro de Finanzas, sí será aprobado por el Congreso Nacional.
Aunque tiene una redacción más depurada, el polémico decreto que contiene la ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control del gasto público retornó al Congreso Nacional, adonde se terminará de pulir, para ser aprobado la próxima semana.
El documento, junto a la denominada Ley de medida antievasión o Ley del 1%, serán objeto de discusión y análisis el lunes entrante en una sesión de directivos y jefes de bancada del Congreso Nacional, las comisiones de presupuesto y una representación del empresariado que ha sido invitada a la cita.
Guillén, ministro de Finanzas, informó que el documento que contiene la Ley de Racionalización tiene la misma base del que fue retirado del Congreso hace unas semanas, pero con una redacción más clara y concisa.
Indicó que en el documento que fue revisado se encuentran definidas cuáles son las exoneraciones que se eliminan y cuáles son las que quedan.
Guillén descartó que se trate de la aplicación de nuevas cargas tributarias. Según el funcionario, con esta ley se abre el camino para ir eliminando beneficios fiscales que se dan a ciertos grupos, “los cuales en este proceso vamos a detallar para que el pueblo hondureño sepa a quién se los estamos quitando y cuál será el beneficio que tendrá el pueblo”.
Ingresos
Cálculos realizados por expertos en materia tributaria, después de una revisión y un minucioso análisis de los 76 artículos que contiene el proyecto de ley, indican que el impacto de este nuevo ajuste sería de 3,500 millones de lempiras anuales.
La principal fuente de generación de impuestos será la exoneración de impuestos a los combustibles para la generación de energía térmica, tanto pública como privada.
De acuerdo con la versión en poder del Congreso, entre las organizaciones que estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, se mencionan fundaciones, cooperativas, clubes de fútbol, universidades e instituciones sin fines de lucro.
De acuerdo con los grupos de oposición, la administración Lobo-Hernández ha aprobado cinco reformas fiscales en dos años de gobierno.
Los “paquetazos” aprobados son: Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, Ley de Reforma al Impuesto Sobre la Renta, Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, Ley de Seguridad Poblacional y la Ley de Regulación de Precios de Transferencia. Sin duda alguna estos cinco paquetazos, y el sexto que se pretende aprobar en este mes, golpean fuertemente la raquítica economía de las familias hondureñas, sostiene el jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra.
Indicó que independiente del nombre con que venga disfrazado y cambios en la redacción de este polémico proyecto, la bancada del Partido Liberal se opondrá pues este tipo de medidas siempre trae la imposición de impuestos escondidos.
Con bancadas opuestas entrará a debate ley del 1%
La reunión que tendrán el lunes diputados y empresarios será una tarea de convencimiento por parte del oficialismo representado en la cámara legislativa.
Los empresarios han sido llamados a una reunión el lunes entrante para conocer el dictamen de la denominada Ley de Medida Antievasión, nombre con el cual se presentó de nuevo el proyecto que especifica el cobro del 1% en concepto de impuesto sobre la renta sobre los ingresos brutos que tienen las personas naturales y jurídicas que hayan declarado pérdidas en los últimos cinco períodos fiscales. El parlamentario Francisco Rivera, aseguró que dicha ley será aprobada el miércoles, por lo que confió que el lunes haya acuerdos con los empresarios, quienes se han opuesto al pago del 1% conforme la Ley de Impuesto sobre la Renta.
La Ley del 1% en su artículo uno establece que “Las personas naturales y jurídicas que hayan declarado en los últimos cinco (5) períodos fiscales, dos de ellos con pérdidas operacionales, ya sean consecutivas o alternas, con ingresos brutos, igual o superior a seis millones de lempiras (L 6,000,000.00) anuales, están sujetas al pago de un anticipo del uno por ciento (1%) en concepto de impuesto sobre la renta, mismo que será calculado sobre los ingresos brutos.
El anticipo del uno por ciento (1%) en concepto de impuesto sobre la renta, constituye un crédito del impuesto a pagar en la declaración del impuesto sobre la renta o del activo neto”.
En el artículo dos dice que “el pago del anticipo del uno por ciento (1%) en concepto del impuesto sobre la renta se hará en forma trimestral a través de las instituciones bancarias”.
Igual que la Ley de Racionalización de Exoneraciones, la del anticipo del 1% no cuenta con el respaldo de las bancadas de oposición, tal como quedó evidenciado antes del receso del Congreso y hasta ahora no se logra un consenso, según el diputado pinuista, Toribio Aguilera.
El congresista afirmó que a falta de una política fiscal, este Gobierno, al igual que los anteriores lo que hacen es “parchar” con el objetivo de resolver el problema de corto plazo.
