La audiencia inicial del caso conocido como “Chequesol” continuará este lunes 23 de febrero ante el juez natural Fernando Padilla, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un proceso que involucra a 12 personas, entre ellas la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y el exministro José Carlos Cardona Erazo.
El requerimiento fiscal les atribuye 67 delitos de fraude por el supuesto desvío de más de seis millones de lempiras, recursos que estaban destinados a la ejecución de proyectos sociales.
Además de Cuéllar y Cardona, en la causa figuran Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
Mecanismo bajo investigación
Según las indagaciones del Ministerio Público, los fondos habrían sido drenados mediante la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario correspondiente al período 2023-2025, que contó con una asignación global de 950 millones de lempiras.
Parte de esos recursos —transferidos a organizaciones no gubernamentales, alcaldías y otras entidades estatales para la ejecución de proyectos sociales y obras menores— es ahora objeto de investigación penal.
De acuerdo con registros oficiales citados en investigaciones de LA PRENSA Premium, entre 2023 y 2024 la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) concentró desembolsos por 947 millones de lempiras. Le siguieron el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con 363 millones, y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 246 millones de lempiras.
Contexto del caso
El caso cobró notoriedad pública en junio de 2025, tras la renuncia del entonces ministro de Sedesol, luego de la difusión de un video en el que conversaba con la diputada Cuéllar sobre el uso de recursos públicos.
El Ministerio Público también investiga si parte de los fondos fueron utilizados con fines políticos. En ese contexto, el fiscal general, Johel Zelaya, afirmó que existen al menos dos líneas adicionales de investigación abiertas en torno al manejo de recursos de Sedesol.
Zelaya denunció la existencia de un “mecanismo de corrupción” en el departamento de Copán, donde fondos de ayuda social habrían sido desviados para fines distintos a los establecidos, generando un perjuicio económico al Estado.
La audiencia inicial continuará con la exposición de elementos por parte de la Fiscalía y los argumentos de la defensa, mientras el juez natural deberá resolver la situación jurídica de los imputados.
