Tegucigalpa, Honduras.
Del nuevo paquete de casos de corrupción por los que el Gobierno anunció que se emitirán requerimientos fiscales, ya se libró el primero contra implicados en irregularidades en el Instituto de la Propiedad (IP).
La Fiscalía para la Trasparencia y Combate a la Corrupción Pública presentó un requerimiento fiscal en el que acusó a 17 personas ligadas al IP.
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, informó que la acción penal se presentó ante los juzgados de jurisdicción nacional asignados a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
Detalló que las personas fueron acusadas de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y encubrimiento.
Explicó que en este caso se iniciaron investigaciones por una denuncia que presentaron las autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Sin embargo, en entrevista con HRN, Ebal Díaz, presidente del consejo directivo del IP, dijo que las acusaciones se habían emitido por un caso de corrupción que se refiere a la existencia de una doble planilla.
“Estas personas están implicadas en un caso de doble planilla; es decir, llevaban una planilla fantasma por donde drenaban millonarios recursos del Instituto de la Propiedad”, dijo el funcionario.
Capturas
Pasadas las 3:00 pm, el juez que conoció la causa libró orden de captura contra todos los acusados por el Ministerio Público. Con base en esta ordenanza, elementos de la Policía Militar intervinieron las oficinas del IP. De inicio detuvieron a tres personas, dos de ellas mujeres.
Aunque los elementos de la Policía Militar no dieron los nombres de los capturados en ese momento, empleados de la institución los identificaron como Iris Reyes, Ana Cárcamo y Kevin José Fonseca.
Estas tres personas fueron trasladadas, pasadas las 5:30 pm, al Fuerte General Cabañas para el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado en la que presuntamente se les dictaría detención judicial.
Otras dos personas, también con orden de captura, pretendían evadir su detención al encerrarse en una de las oficinas del IP, pero al término del día la captura fue ejecutada.
Al caer la noche, el portavoz de Fusina, Santos Nolasco, informó que se ejecutaron las órdenes de captura para ocho empleados del IP: José Armando Cárcamo, Walter Jonathan Morel, José Bernardo Godoy, Ana Cristina Cárcamo Zelaya, Kevin Josué Fonseca Osorio, Marlon Rafael Borjas Rivas, Liz Daniela Reyes Velásquez y Johnny Fernando Carías Montoya. No dieron los otros nueve nombres.
Lo denunciado
Según el coordinador de ASJ y representante de Trasparencia Internacional, Carlos Hernández, la organización presentó ante el Ministerio Público más de 100 denuncias por actos de corrupción cometidos dentro del IP. Entre ellas detalló que se detectó la venta ilegal de terrenos en la playa en varias municipalidades de la costa y la venta de un cayo en Islas de la Bahía.
Dijo que se identificó en La Ceiba el caso de un señor a quien se le despojó de 40 manzanas de tierra.
“Está involucrado un político connotado”, denunció Hernández.
En otras irregularidades detectaron folios sacados para escriturar hasta tres veces con el fin de que la gente accediera a préstamos bancarios utilizando la misma escritura.
Del nuevo paquete de casos de corrupción por los que el Gobierno anunció que se emitirán requerimientos fiscales, ya se libró el primero contra implicados en irregularidades en el Instituto de la Propiedad (IP).
La Fiscalía para la Trasparencia y Combate a la Corrupción Pública presentó un requerimiento fiscal en el que acusó a 17 personas ligadas al IP.
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, informó que la acción penal se presentó ante los juzgados de jurisdicción nacional asignados a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
Detalló que las personas fueron acusadas de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y encubrimiento.
Explicó que en este caso se iniciaron investigaciones por una denuncia que presentaron las autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Sin embargo, en entrevista con HRN, Ebal Díaz, presidente del consejo directivo del IP, dijo que las acusaciones se habían emitido por un caso de corrupción que se refiere a la existencia de una doble planilla.
“Estas personas están implicadas en un caso de doble planilla; es decir, llevaban una planilla fantasma por donde drenaban millonarios recursos del Instituto de la Propiedad”, dijo el funcionario.
| Durante la tarde de ayer, la Policía Militar ejecutó ocho de 17 órdenes de captura.
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Pasadas las 3:00 pm, el juez que conoció la causa libró orden de captura contra todos los acusados por el Ministerio Público. Con base en esta ordenanza, elementos de la Policía Militar intervinieron las oficinas del IP. De inicio detuvieron a tres personas, dos de ellas mujeres.
Aunque los elementos de la Policía Militar no dieron los nombres de los capturados en ese momento, empleados de la institución los identificaron como Iris Reyes, Ana Cárcamo y Kevin José Fonseca.
Estas tres personas fueron trasladadas, pasadas las 5:30 pm, al Fuerte General Cabañas para el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado en la que presuntamente se les dictaría detención judicial.
Otras dos personas, también con orden de captura, pretendían evadir su detención al encerrarse en una de las oficinas del IP, pero al término del día la captura fue ejecutada.
Al caer la noche, el portavoz de Fusina, Santos Nolasco, informó que se ejecutaron las órdenes de captura para ocho empleados del IP: José Armando Cárcamo, Walter Jonathan Morel, José Bernardo Godoy, Ana Cristina Cárcamo Zelaya, Kevin Josué Fonseca Osorio, Marlon Rafael Borjas Rivas, Liz Daniela Reyes Velásquez y Johnny Fernando Carías Montoya. No dieron los otros nueve nombres.
Lo denunciado
Según el coordinador de ASJ y representante de Trasparencia Internacional, Carlos Hernández, la organización presentó ante el Ministerio Público más de 100 denuncias por actos de corrupción cometidos dentro del IP. Entre ellas detalló que se detectó la venta ilegal de terrenos en la playa en varias municipalidades de la costa y la venta de un cayo en Islas de la Bahía.
Dijo que se identificó en La Ceiba el caso de un señor a quien se le despojó de 40 manzanas de tierra.
“Está involucrado un político connotado”, denunció Hernández.
En otras irregularidades detectaron folios sacados para escriturar hasta tres veces con el fin de que la gente accediera a préstamos bancarios utilizando la misma escritura.
