Tras finalizar la audiencia preliminar del caso de los exmiembros del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía formalizó la acusación contra los imputados, pidiendo llevar la causa a juicio oral y público ante el Juzgado de lo Penal en Materia de Corrupción.
Este grupo, en el que figuran Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Celino Aguilera, Liliam Maldonado, Julio Barahona y Francisco Quiroz, es acusado por las autoridades hondureñas por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El pasado 13 de septiembre el pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que los imputados debían ser excarcelados, pero el proceso se ha dilatado.
Nilia Ramos, abogada de uno de los acusados manifestó su inconformidad por la tardanza en la ejecución de la resolución que les permitiría defenderse en libertad, sugiriendo incluso que has autoridades estaban incurriendo en un delito de detención ilegal, por lo que señaló la posibilidad de interponer un recurso de habeas corpus.
El Juzgado en Matería de Corrupción determinó dar a conocer su resolución hasta el próximo jueves 20 de septiembre, por lo que hasta ese entonces se conocerá si los acusados van o no a juicio o son sobreseídos.
El Ministerio Público acusó a los exmiembros del extinto órgano por más de 600 delitos de corrupción, lo que incluye el desvío de 13.5 millones de lempiras del presupuesto del Poder Judicial en su gestión.
Desde el 14 de abril se defendían en libertad, cuando en la audiencia inicial la jueza les dictó medidas sustitutivas a la prisión; sin embargo fueron enviados al I Batallón de Infantería.
Las autoridades comprobaron que los exconsejeros tramitaban viáticos para acudir a giras de trabajo tanto en el interior del país como al extranjero, determinando que en 576 ocasiones ellos no viajaron y tampoco devolvieron el dinero de los viáticos.
