El expresidente del Sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), Antolino Díaz, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra exfuncionarios del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y de la Secretaría de Trabajo, a quienes señala por presunto abuso de autoridad y violaciones a derechos laborales.
La acción fue interpuesta junto a representantes de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodeuh).
Entre los señalados figuran el exdirector del Infop, Francisco Suazo Calderón; el exministro de Trabajo, Wilmer Fernández; y la inspectora general de Trabajo, Brenda Vázquez.
El dirigente sindical afirmó que la denuncia se sustenta en documentación relacionada con su despido, el cual considera irregular, pese a encontrarse bajo incapacidad médica.
“Las pruebas que estamos presentando son mi despido estando incapacitado, la audiencia de descargo, y toda la persecución de la que fui objeto; discriminación y, a su vez, la descalificación como persona, como dirigente y como trabajador del instituto”, declaró Díaz.
Agregó además que su separación fue, según él, “totalmente ilegal”, sin el pago de prestaciones tras 31 años de servicio en la institución.
Díaz sostuvo que el objetivo de la acción legal es que el Ministerio Público investigue los hechos, determine responsabilidades y se garantice la protección de la libertad sindical en el país.
Abusos de autoridad
“Con esta denuncia lo que buscamos es que las personas que hicieron estos abusos de autoridad puedan dar cuentas ante la justicia hondureña, sentar precedente para que no se vuelva a dar”, expresó.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodeuh), Dina Meza, señaló que el caso debe ser investigado por las autoridades competentes.
“Hoy concurrimos aquí al Ministerio Público para que hagan las indagaciones y si de las indagaciones resultan culpables los funcionarios, pues que se les aplique lo que el Código Penal establece”, manifestó.
Hasta el momento, los exfuncionarios mencionados no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones en su contra.
