El juicio oral y público contra Santos Orlando Rodríguez Orellana, capitán (r) de las Fuerzas Armadas; su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla Bonilla y la suegra de este, Reina Lizeth Bonilla Márquez, continúa ventilándose en un tribunal y cada vez surgen nuevas evidencias.
Ayer, la terna de jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional y las partes procesales escucharon el testimonio de una agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) que participó en la indagación del clan familiar.
Entre los hallazgos aportados por la oficial de investigación destaca que la señora Jennifer Bonilla era socia de seis empresas y ninguna de estas pagó sus respectivos impuestos en el Servicio de Administración de Rentas (SAR). Esto tras el análisis financiero realizado por la Atic. Entre tanto, la señora Reina Bonilla solo aparecía como propietaria de la bodega de abarroterías Márquez, ubicada en el mercado Zonal Belén de la capital.
Mientras duró la investigación, distintos detectives de la Atic realizaron visitas en diferentes días y horas a la bodega durante dos meses y todo el tiempo estuvo cerrada.
El Gran Capitán
Estas indagatorias del Ministerio Público también llegaron a la conclusión de que las únicas dos empresas del exoficial Santos Rodríguez no estaban registradas en ninguna institución estatal.
Rodríguez adujo tener un café denominado El Gran Capitán, sin embargo, al hacer las inspecciones en la alcaldía de Yamaranguila, Intibucá, este negocio no está registrado.
Es por ello que el ente acusador del Estado expuso los motivos para la comisión de un presunto lavado de activos por parte de los encausados.
Más de 238 millones de lempiras habría amasado el clan familiar Rodríguez Bonilla, entre 2010 y 2020, según el Ministerio Público. Los acusados se defienden en libertad.
