Aunque el Gobierno creó una comisión tripartita para encontrar una solución definitiva a invasiones de tierras productoras, en especial en el Bajo Aguán, el proceso avanza con parsimonia o parece estar “estacionado cómodamente”.
LA PRENSA indagó con las autoridades involucradas que deben dar fin a este conflicto agrario que ya deja más de 140 personas muertas a los largo de varios años, pero la situación no tiene un panorama claro.
Aunque la comisión se creó el año pasado, es hasta este 2023 cuando comenzaron a haber consensos entre las partes involucradas para saber cómo funcionarán, explicó el abogado Roy Murillo, asesor legal de dirección ejecutiva del Instituto Nacional Agrario (INA).
“En la comisión tripartita hubo un tiempo en el que no hubo movimiento. En este año se hicieron convocatorias y se condensó el funcionamiento de la comisión tripartita, también acordaron cómo se van a hacer las tomas de decisiones”.
El poco avance muestra la parsimonia en intentar resolver el conflicto que no tendrá soluciones a cercano plazo, mientras hay productores que se quejan porque la fruta, en el caso de la palma, no está siendo cosechada.
“Se van a investigar todos los problemas que se derivan de los derechos humanos, el despojo de las tierras, los crímenes que han habido en algunos casos... Todo esto lo va a investigar la comisión debidamente conformada”, agregó Murillo.
Para los procesos de investigación habrá cinco representantes de las plataformas agrarias y cinco representantes del gobierno, la presidencia será rotatoria.
Bajo Aguán
Aunque son siete departamentos donde se concentra el conflicto, la comisión solo resolverá los casos del Bajo Aguán.
El resto de zonas afectadas deberán de acudir a la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia para tener solución, explicó el abogado Roy Murillo.
En el Bajo Aguán se habló de un pacto de honor para detener las invasiones por mientras el Gobierno resolvía, pero “la invasión se ha seguido dando”. “Entonces, ahí ha habido un incumplimiento por parte de los campesinos”.
La comisión tripartita centrará su atención en esta zona donde también deberán resolver los asesinatos en contra de personas, casos en los que la ONU ha solicitado que “se investiguen”.
LA PRENSA contactó a un líder campesino que no quiso ser identificado y manifestó que el Gobierno no los quiere ayudar.
“Ellos solo velan por la tierra de los ricos como ellos. Mire ese acuerdo que tenemos desde 2022, ¿nos han dado respuestas?, claro que no, y qué pasa, muchos de nosotros son asesinados por decir esto”.
Para Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el escenario es claro: “El problema de las invasiones de tierra es una violación del derecho a la propiedad privada, un derecho humano fundamental”.Según el Cohep, hay más de L4,000 millones en pérdidas por invasiones de tierra en el sector azucarero del país.
Los informes indican que las invasiones se están dando, principalmente en siete departamentos: Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.
También, según datos oficiales, 2,400 millones de dólares se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones en 2022.
En ese sentido, los sectores productivos mayormente afectados por las tomas de tierras son los cultivos de palma, ganado, maíz, azúcar, arroz y melón.Reportes hasta 2022 dictan que 30,000 manzanas de tierra están invadidas.
Para Guillermo Cerritos, director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), no es nuevo que el oficialismo no responda a estos llamados, pues desde la administración del expresidente Juan Orlando Hernández no se atiende ningún llamado.
“La situación empeora cada día más, Hernández nunca respondió, uno ni otro Gobierno han dado respuesta”, lamentó.
Otro elemento es que desde el Congreso Nacional quieren derogar el Decreto Legislativo 93-2021 que en su artículo 5 (pág. 10-11), reforma por adición el artículo 378 del Código Penal donde aumenta la pena para el delito de las usurpaciones, según se explicó.
La Oabi espera resoluciones para pasar tierras incautadas al INA
Tegucigalpa. Hasta la iniciativa de pasar las tierras productoras incautadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) al Instituto Nacional Agrario (INA) se encuentra estancada.
Hugo Suazo, comisionado presidente de la Comisión Tripartita para investigar las invasiones de tierra, explicó que la iniciativa para transferir las tierras productoras está a la espera de resoluciones y dejó claro que esta oficina no tiene problema en hacer los traspasos, pero el sistema jurídico es el atraso.
“Hay que esperar resoluciones para determinar si las tierras quedan a favor del imputado o pasan al Estado. Después la presidenta tomará la decisión si pasan al INA o las sigue administrando la Oabi”, externó
