La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) expresaron este 4 de marzo su preocupación por la falta de avance en la aplicación de un juicio político contra funcionarios que, a su juicio, atentaron contra el proceso electoral de 2025.
En un comunicado público, ambas organizaciones señalaron que el juicio político no debe interpretarse como una medida de revancha, sino como un mecanismo previsto en la Constitución para exigir responsabilidad a los servidores públicos cuando incumplen sus funciones.
Recordaron que el 24 de febrero divulgaron un análisis jurídico en el que sostienen "por qué procede la aplicación de un juicio politico a funcionarios que, con sus acciones y omisiones, conspiraron contra el proceso electoral 2025 y actuaron contra los intereses del Estado".
En su pronunciamiento mencionaron al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; al fiscal general Johel Zelaya; al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando.
"Hoy observamos, sin sorpresa pero con profunda preocupación, cómo el atraso en tomar la decisión de aplicar Juicio Politico contra funcionarios como el Consejero del CNE Marlon Ochoa, el Fiscal General Johel Zelaya, el Magistrado del TJE Mario Morazán o la Presidenta de la CSJ Rebeca Raquel Obando", expresaron.
También hicieron referencia a la ausencia de procesos contra exfuncionarios como Xiomara Castro y Luis Redondo. Las organizaciones advirtieron que la falta de acciones concretas puede debilitar el sistema de control entre poderes del Estado y generar desconfianza en la ciudadanía sobre el respeto al orden democrático.
Asimismo, cuestionaron a sectores que citan jurisprudencia internacional para oponerse al juicio político, argumentando que los estándares interamericanos promueven la rendición de cuentas cuando se compromete la democracia.
Finalmente, Asopodehu y Joprodeh llamaron a la clase política a actuar con responsabilidad, priorizar el interés nacional y garantizar el derecho de la población a conocer la verdad sobre lo ocurrido en el proceso electoral.
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