La organización Defensores de Honduras solicitó al Congreso Nacional la activación inmediata de un juicio político ante lo que califica como una crisis institucional que afecta el orden constitucional y la estabilidad democrática del país.
En el Comunicado 08–2026, emitido en Tegucigalpa este 2 de marzo, la entidad sostiene que la situación actual pone en riesgo la confianza pública y la vigencia del Estado de derecho.
Además, señala que la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y que todos los funcionarios públicos están obligados a ejercer el poder dentro de sus límites y bajo mecanismos efectivos de control y responsabilidad.
De acuerdo con el documento, cuando dichos mecanismos no se aplican frente a hechos que comprometen la institucionalidad, se debilita la supremacía constitucional y se pone en riesgo el sistema democrático.
En ese contexto, Defensores de Honduras afirma que el Congreso Nacional tiene el deber de garantizar la vigencia de la Carta Magna mediante la activación de los instrumentos de control previstos, entre ellos el juicio político.
La organización considera que este mecanismo constituye una herramienta legítima para determinar la responsabilidad de altos funcionarios cuyas acciones u omisiones hayan contribuido a la alteración del orden constitucional.
Además de exigir la activación del juicio político correspondiente, Defensores de Honduras exhortó a las instituciones del Estado a actuar con estricto apego a la Constitución y al principio de responsabilidad pública.
Finalmente, llamó a la "comunidad democrática internacional a mantenerse vigilante en defensa del orden constitucional en Honduras".
¿Qué dice el presidente del Congreso Nacional?
Recientemente, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dejó claro que cualquier intento de someter a votación un juicio político dependerá de contar previamente con los 86 votos que exige la Constitución de la República.
