Los afiliados del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) se están viendo afectados por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco del Sistema de Protección Social al no poder retirar sus aportaciones de los fondos de pensión y de cesantía.
En los últimos dos meses acumulan alrededor de 10,000 solicitudes que se encuentran paralizadas.
Cifras indican un promedio mensual de 5,560 afiliados hacen la solicitud de devolución del Fondo de Cesantía por un valor de 66 millones de lempiras.
Los reclamos en el Fondo de Pensión suman 178 en promedio al mes por un valor de 5.5 millones de lempiras.
La anulación de la ley también impacta en los 300,000 trabajadores cotizantes activos al suspenderse las aportaciones a esos fondos.
Para subsanar esa situación el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional la iniciativa de la Ley de Administración de Fondos de Reserva Laboral y de Previsión Social Complementario del RAP, no obstante, ese nuevo marco legal no ha sido aprobado por el Poder Legislativo.
Al aprobarse y entrar en vigencia esa ley, se rehabilitará al Régimen de Aportaciones Privadas la administración y recaudo de fondos y, por ende, los afiliados podrán retirar sus recursos de la reservas laboral y del fondo de pensión, de acuerdo con Enrique Burgos, gerente general del RAP.
Otro impacto directo de la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley está en el patrimonio de los fondos vía rendimientos de los ingresos procedentes de las inversiones en bonos gubernamentales, los que al vencer no se pueden renegociar por la carencia de una ley y, por ende, no hay más entrada de recursos vía tasas de interés.
El rendimiento promedio en el fondo de pensión -tasa de interés- es del 6.13% y 5.10% en el de cesantía.
De acuerdo con el artículo 29 de la derogada Ley de Protección Social, el Régimen del Seguro de Cobertura Laboral tiene como objeto propiciar el pago efectivo y obligatorio del auxilio de cesantía que se deriva del Código de Trabajo, la creación de la compensación por antigüedad laboral y otros servicios que puedan generarse al trabajador (a) derivado de la constitución efectiva de una reserva laboral. Las autoridades del RAP aseguran que los afiliados deben tener la certeza que sus fondos están acreditados en sus cuentas individuales, los que pueden consultar en línea.
Los fondos
Con la derogatoria del Decreto 56-2015 que contenía la Ley Marco del Sistema de Protección Social se eliminaron el Régimen de Previsión Social (Fondo de Pensión) y el Régimen del Seguro de Cobertura Laboral (Fondo de Cesantía) que administraba el RAP y que ahora mantiene en incertidumbre a los afiliados.
De 2016 a 2022 el saldo acumulado del Fondo de Pensión es de 4,506.1 millones de lempiras y 5,809.1 millones del Fondo de Cesantía, que suman 10,315.2 millones.
Para 2022 las proyecciones, de acuerdo con Burgos, eran recaudar 2,395.5 millones de lempiras en el Fondo de Cesantía y 491.4 millones del Fondo de Pensión.Para el cierre de este año ambos fondos sumarían 13,695.2 millones de lempiras.
Al primer trimestre de este año las recaudaciones en ambos fondos sumaron 1,062.5 millones de lempiras, de los que 757 millones correspondieron al Régimen de Cobertura Laboral y 305.5 millones al Régimen de Previsión Social.
L14,670 millones suma el Fondo de Vivienda a través del que se han otorgado 11,539 préstamos a bajas de interés.
Impacto
La Corte Suprema de Justicia al declarar inconstitucional la ley realizó un análisis sobre el impacto en los servicios que brinda el RAP a sus afiliados activos e inactivos.
Esta medida ha tenido un efecto directo sobre los trabajadores del sector privado afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas al suspenderse la continuidad de la operación de los fondos y también la devolución de las aportaciones.
Burgos sostiene que lo actuado por el RAP está enmarcado en ley y con fundamento en la sentencia de inconstitucionalidad al señalar que lo actuado hasta el 5 de abril de 2022 es legal, pero después de esa fecha no se puede aplicar al haber encontrado la Corte Suprema de Justicia vicios de inconstitucionalidad.
“La ley dejó de existir como cuerpo normativo en el país, pero reconoce que todo lo actuado fue legal”, agregó.
Enrique Burgos destaca la importancia del Régimen del Seguro de Reserva Laboral, el que se nutre de aportaciones de las empresas y por eso esperan que el Poder Legislativo apruebe la nueva ley para rehabilitar la operación del fondo de cesantía.
Cerca de 4,460 empresas están afiliadas al RAP.