El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que se admitió un antejuicio contra el alcalde de La Lima (Cortés), Santiago Motiño, en medio de investigaciones por por delitos de abuso de autoridad y daño agravado.
El edil limeño es mencionado por el ente fiscal junto a otros funcionarios de esa comuna del norte hondureño. La Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción admitió la solicitud presentada por el MP.
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En el antejuicio, un procedimiento jurídico especial previo al proceso penal, se definirá si el caso es elevado a juicio, con e aval de un juez o magistrado que analizará las causas por las que podrían ser sindicados los nombres que aparecen en la petición.
También se menciona a Karla Janeth Enamorado Sagastume, vicealcaldesa, Roberto René Ayestas Ávila, Ana del Carmen Murillo Mendoza, José Leonardo Viera Zavala y Rosa Eva Castillo Madrid, regidores a quienes se les supone responsables de los delitos de daños agravados y abuso de autoridad en perjuicio del patrimonio cultural de la nación y la administración pública.
El MP describe que recibió una denuncia por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), en la que se indica que se estaba realizando la destrucción del edificio donde funcionarios las oficinas administrativas de la Tela Railroad Company y el Hotel Banana Inn, ubicados en la zona de Lima Nueva.
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Las estructuras son consideradas patrimonio cultural por el municipio, y que remarcan la historia de la época del enclave bananero en el país, cuyo pulmón fue la región limeña, especialmente.
Técnicos del IHAH inspeccionaron las edificaciones y el proyecto y emitieron un dictamen relacionado. En el mismo se establecen daños ocasionados al patrimonio cultural.
“En la fecha de la inspección ya se había intervenido el inmueble sin ninguna autorización del Instituto de Antropología e Historia y los trabajos de demolición continuaron pese a la orden de de suspensión que había emitido el IHAH, teniendo como resultado la demolición total del inmueble para el funcionamiento de un supermercado”, precisa el dictamen de esa entidad.
Las diligencias del MP consiguieron que la Corte de Apelaciones admitiera la solicitud, por lo que los mencionados tendrán que ser informados sobre la denuncia y pronunciarse ante los entes judiciales hondureños.
