No cabe un reclamo a Invest-H por pruebas dañadas, dice abogado de Marco Bográn

El abogado Marco Castro dijo que no era responsabilidad de Invest-H que las pruebas permanecieran en buen estado.

Marco Bográn es señalado de compras irregulares en Invest-H durante la pandemia.
Marco Bográn es señalado de compras irregulares en Invest-H durante la pandemia.

Tegucigalpa.

Como una papa caliente que se tira de una persona a otra, así quieren evadir las responsabilidades por las 250,000 pruebas para Covid-19 dañadas.

La Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) confirmó ayer que 250,000 pruebas para detectar el coronavirus se dañaron, por lo que no pudieron ser usadas por la Secretaría de Salud.

Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, informó que Invest-H pagó más de 46 millones de lempiras por estas pruebas y aseguró que la Sesal se negó a recibirlas porque ya estaban dañadas.



Por otro lado, el abogado Marco Castro, representante legal del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, respondió esta mañana que su representado solo se encargaba de comprar los insumos médicos de bioseguridad que se solicitaban a Inversión Estratégica de Honduras las secretarías del Estado; "por lo tanto no es él (Bográn) quien tiene que responder por el mal estado de las pruebas PCR", refirió el profesional del Derecho.

Agregó el abogado Castro: "No sé si la Secretaría de Salud tenía a su cargo el almacenamiento, y se deterioraron en sus manos pues son ellos los responsables", aunque la ministra Flores aseguró que la Sesal nunca recibió las pruebas PCR y que más bien advirtieron del daño.

"No cabe un reclamo a Invest-H, ni a Marco Bográn, porque él en este caso lo que hace es adquirirlas, las paga y las entrega a la empresa que corresponde; de manera que la responsabilidad de que permanezcan en buen estado es a quien se entregaron", acotó el representante del exdirector de Invest-H.



Lo cierto es que nadie se está haciendo responsable por este lote de pruebas dañadas, el cual fue comprado por Invest-H por 1 millón 875 mil dólares (aproximadamente 46.8 millones de lempiras).

El Ministerio Público ya investiga las fechas de vencimiento de las pruebas y cómo fue el manejo y traslado desde que se adquirieron.

La Prensa