El nuevo Código Penal no combate la corrupción en Honduras

Honduras había emprendido en los últimos años una lucha contra la corrupción.

Al Código Penal, la directora de la ONG Grupo Sociedad Civil, Jesica Sánchez, dijo a Efe que el país necesita una nueva norma penal, pero, como está, lesiona los derechos humanos.
Al Código Penal, la directora de la ONG Grupo Sociedad Civil, Jesica Sánchez, dijo a Efe que el país necesita una nueva norma penal, pero, como está, lesiona los derechos humanos.

Tegucigalpa, Honduras

Con la vigencia del nuevo Código Penal, Honduras deja de combatir la corrupción como la venía realizando, según expertos, quienes lo consideran un retroceso en la lucha contra la corrupción.

El director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado), Mauricio Díaz, dijo a Efe que la entrada en vigencia de esa norma supone "la parte final de destrucción del sistema de combate a la corrupción" en el país.

Documento PDF: El nuevo Código Penal de Honduras

Destacó que Honduras había emprendido en los últimos años una lucha contra la corrupción, con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), cuyo mandato de cuatro años concluyó en enero pasado, luego de que el Gobierno y la Secretaría general de la OEA no lograron un acuerdo para la continuidad.

Díaz aseguró que el nuevo Código Penal es el "resultado de una estructuración bien pensada de cómo ir haciendo modificaciones de naturaleza legal para darle el beneficio a quienes están administrando fondos del Estado y para que eso pueda quedar en absoluta impunidad".

El retraso en la entrada en vigor de la normativa, aprobada en 2018 por el Parlamento se debe, añadió, a los múltiples reclamados de diversos sectores sociales.

El Código Penal es "una de las partes finales de una trama que conspira contra la administración de Justicia en Honduras y nos vuelve más dependientes a una administración de justicia extraterritorial", subrayó el director del Fosdeh.

Aseguró que el Código Penal "va a confirmar la impunidad" generalizada en el país centroamericano, donde la corrupción es una de las principales causas de la pobreza en que viven más del 60 % de los 9,3 millones de habitantes que tiene Honduras, donde varios políticos, entre ellos algunos diputados del Parlamento, han sido salpicados por denuncias de corrupción.

Norma favorecerá a corruptos

El Código Penal, que sustituirá al de 1983, favorecerá a muchas personas, incluidos corruptos presos, con la reducción de penas por delitos de corrupción y de violencia contra la mujer y la niñez en Honduras, así como por el uso indebido de recursos públicos, agregó.

Sobre el rechazo al Código Penal, la directora de la ONG Grupo Sociedad Civil, Jesica Sánchez, dijo a Efe que el país necesita una nueva norma penal, pero, como está, lesiona los derechos humanos.

La nueva normativa afectará a "los más pobres", aseguró Sánchez, quien señaló que algunos delitos de violencia contra la mujer son conmutables por servicios a la misma víctima.

La activista dijo que esperaba que el Parlamento aprobará una nueva prórroga que retrasará la entrada en vigencia del Código Penal ante la emergencia que está viviendo Honduras, con un toque de queda desde marzo, por la COVID-19, y contribuir así a su reforma.

Reconoció la necesidad de que el país tenga un nuevo Código Penal, porque el de 1983 tiene "bastantes falencias, era necesario una actualización de nuevas normativas nacionales e internacionales".

Sin embargo, Sánchez considera que el Código Penal supone "un retroceso" para Honduras porque criminaliza la protesta social, la libertad de expresión y lesiona los derechos humanos.

La Prensa