WASHINGTON.
En concreto, la normativa apunta que los solicitantes tengan acceso a “solo uno de los sistemas de protección de los países signatarios” de los
Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, en inglés), como se denominan los pactos suscritos entre EEUU y esos Estados centroamericanos, para lo que se adopta la
deportación acelerada.
La información añade que el sistema de asilo de EEUU está “sobrecargado” debido a la llegada de “miles” de
migrantes en los últimos años, lo que ha contribuido a un retraso de 987,198 casos migratorios pendientes de resolución, entre ellos 474,327 de asilo. “Las solicitudes de asilo de extranjeros de El Salvador, Guatemala y Honduras representan más de la mitad de los casos de asilo pendientes”, agrega el documento sobre los países del
Triángulo Norte de Centroamérica.
El Gobierno de Estados Unidos publicó ayer una norma interina para facilitar la aplicación de los acuerdos de asilo alcanzados por la Administración del presidente Donald Trump con El Salvador, Guatemala y Honduras.
La normativa, que estará abierta a comentarios hasta el 19 de diciembre, prevé cambios en materia de deportación y asigna, tanto a los funcionarios como a los jueces de inmigración la tarea de evaluar las condiciones más apropiadas según el tipo de solicitante.
| Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en octubre de 2019 hubo 44,000 aprehensiones en la frontera de EUA con México. En 2019, EEUU detuvo a casi un millón de personas en la frontera Sur.
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Bajo un acuerdo migratorio, y según regulaciones estadounidenses, se prohíbe que un extranjero sujeto a un ACA solicite asilo en EEUU, con lo que se estipula su expulsión “a un país que proporcionará acceso a un procedimiento completo y justo para determinar el reclamo de protección”.
LEA: Honduras y Estados Unidos firman histórico acuerdo migratorio
Además, establece la autoridad de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para determinar si los extranjeros son aptos para solicitar asilo bajo esos convenios, y de los jueces de inmigración en materia de deportación.
La norma se aplicará a los extranjeros que lleguen a un puerto de entrada de EEUU o intenten hacerlo y soliciten asilo, aunque podrán decidir si abandonan su petición antes de que sea considerada bajo uno de los acuerdos con los países centroamericanos.
| LA PRENSA publicó en exclusiva el acuerdo entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos.
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La Administración de Trump firmó el 26 de julio un acuerdo de cooperación de asilo con Guatemala, lo que repitió el 20 de septiembre con El Salvador y cinco días después, con Honduras.
Documento: protocolo del “tercer país seguro”
Al referirse a esta norma, Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center, consideró en un comunicado un “ultraje” que se envíe a inmigrantes vulnerables a “países que son claramente incapaces de brindar protección e incluso seguridad básica”.
“No hay duda de que los hombres, mujeres y niños que huyeron de la persecución y la violencia y sufrieron peligrosos viajes para buscar refugio en Estados Unidos sufrirán y morirán como resultado de esta política”, advirtió.
Se está terminando el reglamento, dice Canciller Tegucigalpa. Un documento emitido por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos señala que el gobierno de
Donald Trump puede iniciar con la ejecución de los acuerdos suscritos con los países del
Triángulo Norte, para enviar migrantes que lleguen en ese país solicitando asilo. LA PRENSA tuvo acceso, la semana pasada, al plan de implementación del acuerdo de
Tercer País Seguro, en el que se contempla que EEUU enviará a Honduras a migrantes de todas las nacionalidades incluyendo a extranjeros con discapacidades físicas, mentales y conductuales.
El acuerdo que Honduras suscribió en septiembre destaca que “deben proporcionar protección a los refugiados elegibles que están físicamente presentes en sus respectivos territorios de acuerdo con sus obligaciones y que Honduras no podrá devolver ni deportar a los migrantes que le envíe EEUU, que están en proceso de asilo (menos ciudadanos hondureños)”. Pero esta estipulación prevista en el acuerdo, está sujeta a una reglamentación, dijo a LA PRENSA el canciller Lisandro Rosales. “Estamos en conjunto terminando la reglamentación del acuerdo de asilo, de seguridad fronteriza y de registros biométricos. Aún no se han definido las nacionalidades que se acogerán en asilo en el país y eso será hasta el mes de enero o febrero del próximo año”, agregó. Mientras se afinan los detalles para evitar que EEUU congestione el sistema con la sobrecarga de solicitudes de asilo, Honduras deberá coordinar las acciones y definir estrategias para buscar dónde albergará a los solicitantes, cuál será la responsabilidad que tendrá y qué apoyo dará EEUU al país. |
Acuerdo de tercer país seguro: Ricardo Puerta Tegucigalpa. En el caso de Honduras, este acuerdo aplica, primero a los extranjeros que están pasando por Honduras y al pasar pidieron refugio diciendo que ellos van a seguir hacia la frontera de México con Estados Unidos a pedir asilo. Pero con esa figura del tercer país seguro, todas esas personas que pasaron por Honduras e hicieron eso, cuando pidan
asilo en
Estados Unidos, mientras esperan la decisión de la solicitud de asilo, van a estar en Honduras esperando. La pregunta es, ¿y los hondureños?, ¿cuántos hondureños están estancados en la frontera de Estados Unidos y México y a dónde los van a deportar?
Tienen que deportarlos a otro país que no sea su país de origen. En el caso de los hondureños imagino que el número grande de extranjeros que está pasando por Honduras se aplica a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos que van a aparecer en buen número. La pregunta es: tercer país seguro, ¿pero de qué? No saben si las condiciones que van a encontrar van a ser inferiores que las que tienen en su país o serán iguales. Porque al llegar al país, Honduras tendría que sostener a esta gente. Esto va a provocar cierto resentimiento porque se les van a proporcionar bienes y servicios a los extranjeros en territorio hondureño que el 66% de la población hondureño no tiene. Hay un costo económico y de resentimiento que se puede generar”. |
