Tegucigalpa, Honduras.
En su artículo 3, el anteproyecto define al colaborador eficaz como la persona particular en libertad, investigada, procesada o condenada que, habiendo participado como autor o cómplice de un determinado hecho delictivo, transmita información o evidencias de quiénes participaron en la comisión del mismo, la forma cómo se ejecutó el delito y el funcionamiento de la estructura criminal.
Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas o los funcionarios o empleados públicos solo podrán acogerse a los beneficios señalados en la normativa únicamente cuando presten información y evidencias para identificar a otras personas de igual o mayor categoría dentro de una organización o identificar a personas que presten una colaboración necesaria para los fines de la estructura criminal.
Un catálogo de al menos 16 delitos penales contempla el ámbito de aplicación del nuevo texto de la Ley de Colaboración Eficaz presentado recientemente por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y que diferentes sectores de la sociedad hondureña exigen su pronta aprobación.
El nuevo anteproyecto, entregado el 6 de febrero anterior al Poder Ejecutivo por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR), resume y mejora las dos versiones anteriores presentadas al Congreso Nacional, en la legislatura pasada y toma en consideración la opinión jurídica emitida al efecto por la Corte Suprema de Justicia.
El documento establece las disposiciones y beneficios que se derivan del acuerdo entre el Ministerio Público y la persona colaboradora, con la finalidad de que quien haya participado en un hecho delictivo preste ayuda o colaboración, brindando información o evidencias para la eficacia de la investigación y persecución penal de los delitos.
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Los delitos forestales, financieros, contra la libertad y la seguridad, terrorismo, trata de personas, contrabando y defraudación fiscal, contra la seguridad interior del Estado y delitos de explotación sexual y comercial son parte del catálogo incorporado a la iniciativa de ley.
Restricciones. El nuevo texto dispone que no aplicará este beneficio a las personas investigadas, procesadas o condenadas por los delitos de feminicidio, violación, violación especial, genocidio, tortura, asesinato u homicidio de operadores de justicia o menores de edad, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Tampoco procede en los casos de delitos de acción privada.
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| Congreso Nacional seguirá el procedimiento legislativo
TEGUCIGALPA. El Congreso Nacional está listo para recibir la nueva iniciativa de ley propuesta por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y darle el trámite parlamentario para su discusión y aprobación.
Tomás Zambrano, secretario del Poder Legislativo, dijo a LA PRENSA que están a la espera de que el Poder Ejecutivo remita el nuevo anteproyecto de ley entregado por la Maccih para darle el trámite correspondiente. “Al llegar la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo se nombrará la comisión de dictamen”, ratificó. José María Díaz, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, destacó sus bondades y dijo que la ley propuesta por la Maccih “debe ser encaminada a destapar a quienes están en la torre de rey o de reina”. |
