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Casas de lujo y tiendas aseguran a esposas de exdirectivos del Colegio de Abogados

  • 23 noviembre 2017 /

Los bienes estaban a nombre de Rosibel Mendieta Irías, Sybil Aney León Enamorado y Yolany Isabel Cambar Palada.

Tegucigalpa, Honduras

Varias residencias de lujo y sociedades mercantiles, algunas a nombre de las esposas de los exdirectivos del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) vinculados en los supuestos actos de corrupción en administraciones anteriores, fueron aseguradas por la Atic.

Después de inspeccionar los bienes se procedió al aseguramiento de una lujosa casa en la residencial Las Uvas de Tegucigalpa, propiedad de Rosibel Mendieta Irías, esposa de Josué Argeñal Cerrato, exgerente del Instituto de Previsión del CAH quien está condenado a 15 años de prisión por otros actos de corrupción en esa misma institución.

También se aseguraron las tres tiendas Rosso Boutique en dos centros comerciales de la capital, a nombre de Sybil Aney León Enamorado, esposa de Óscar García.

La Atic allanó una vivienda en residencial Las Hadas de Comayagüela de Yolany Isabel Cambar Palada, esposa de Olvin Mejía, exdirectivo del CAH.

Las autoridades continuarán hoy con el aseguramiento de varias viviendas a nombre de Mendieta Irías. Una de ellas en la colonia Palermo y otra en la colonia Toncontín de Tegucigalpa.

Los bienes, una vez asegurados, serán entregados a las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Imputados

Por el millonario desfalco al CAH, el martes anterior fueron capturados, en el marco de la Operación Tormenta de Fuego XI, el expresidente del CAH, Olvin Mejía, Pastor Eliut Valladares, Óscar Reinaldo Casco, Francisco Valladares, Héctor Rodolfo Andino, Rossel Arturo Euraque, fiscal de Derechos Humanos, Santos Alvarenga y Roberto Andrés Romero.

A todos les dictó detención judicial y se les programó la audiencia inicial para el sábado 25 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

Asimismo son imputados por los delitos de administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y falsificación de documentos privados en perjuicio del sistema financiero y la fe pública.