Tegucigalpa, Honduras.
Más de 11,800 millones de lempiras mantiene el Gobierno central en unos 71 fideicomisos en la banca privada, según los últimos registros contables de la Secretaría de Finanzas.
El Gobierno de Honduras utiliza fideicomisos para administrar diferentes programas y proyectos de inversión y no inversión, cuyos resultados estén acordes a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Nación.
De acuerdo a la información, los proyectos del sector productivo es en donde más se ha invertido recursos que son manejados por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Sin embargo, algunos de los fideicomisos ya no están activos por medio de esta institución bancaria.
Asimismo, existen otros fondos destinados para la reducción de la pobreza, la Tasa de Seguridad y Salud, entre otros detalló Ángel Moncada, subcontador general de la República.
Comentó que el propósito es que estos recursos sean manejados en los bancos estatales pero también hay en instituciones financieras privadas.
Agilidad
De acuerdo a Moncada con los fideicomisos se busca una ejecución diligente de los proyectos.
Cabe mencionar que la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, específicamente en lo relacionado dentro de un modelo de alianza público-privada, pueden organizarse como fideicomisos o cualquier otra forma o modalidad que resulte apta para la ejecución de las obras o prestación de servicios.
En ese sentido, la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) ha estructurado proyectos bajo el esquema de esta figura. “Para registrar un fideicomiso de Coalianza debe haber terminado su ciclo de aprobación”, exteriorizó Moncada.
Ivone Ramírez, directora de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, comentó que en muchos países los fideicomisos se usan en las alianzas público-privadas.
“Ha habido un crecimiento de los fideicomisos en los últimos años y eso requiere mayores mecanismos de transparencia, por eso esta secretaría ha puesto a disposición en los estados contables la información de los todos los fideicomisos”, expuso.
Hugo Noé Pino, miembro del Instituto de Investigaciones de Política Pública de Unitec, indicó que esta figura no debe existir en el sector público, excepto para aquellos que son canalizados por bancos del Estado.
Dijo que la justificación que hace el sector público es que esto ayuda a agilizar trámites, dada la normativa que existe en el Estado.
“Los fideicomisos son una sustracción de recursos públicos llevados a una institución financiera que los maneja un ente técnico que no está sujeto a la rendición de cuentas de la misma forma a la que está sujeto el presupuesto de la República”, reveló.
Mencionó que con el presupuesto las instituciones hacen un detalle en lo que invertirán los fondos. En cambio, con los fideicomisos se saca una cantidad global y se coloca en un fondo y se justifica el gasto posteriormente.
No obstante, destacó que los fideicomisos orientados al sector productivo sí tienen sentido.
Más de 11,800 millones de lempiras mantiene el Gobierno central en unos 71 fideicomisos en la banca privada, según los últimos registros contables de la Secretaría de Finanzas.
El Gobierno de Honduras utiliza fideicomisos para administrar diferentes programas y proyectos de inversión y no inversión, cuyos resultados estén acordes a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Nación.
De acuerdo a la información, los proyectos del sector productivo es en donde más se ha invertido recursos que son manejados por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Sin embargo, algunos de los fideicomisos ya no están activos por medio de esta institución bancaria.
Asimismo, existen otros fondos destinados para la reducción de la pobreza, la Tasa de Seguridad y Salud, entre otros detalló Ángel Moncada, subcontador general de la República.
Comentó que el propósito es que estos recursos sean manejados en los bancos estatales pero también hay en instituciones financieras privadas.
Agilidad
De acuerdo a Moncada con los fideicomisos se busca una ejecución diligente de los proyectos.
Cabe mencionar que la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, específicamente en lo relacionado dentro de un modelo de alianza público-privada, pueden organizarse como fideicomisos o cualquier otra forma o modalidad que resulte apta para la ejecución de las obras o prestación de servicios.
En ese sentido, la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) ha estructurado proyectos bajo el esquema de esta figura. “Para registrar un fideicomiso de Coalianza debe haber terminado su ciclo de aprobación”, exteriorizó Moncada.
Ivone Ramírez, directora de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, comentó que en muchos países los fideicomisos se usan en las alianzas público-privadas.
“Ha habido un crecimiento de los fideicomisos en los últimos años y eso requiere mayores mecanismos de transparencia, por eso esta secretaría ha puesto a disposición en los estados contables la información de los todos los fideicomisos”, expuso.
Hugo Noé Pino, miembro del Instituto de Investigaciones de Política Pública de Unitec, indicó que esta figura no debe existir en el sector público, excepto para aquellos que son canalizados por bancos del Estado.
Dijo que la justificación que hace el sector público es que esto ayuda a agilizar trámites, dada la normativa que existe en el Estado.
“Los fideicomisos son una sustracción de recursos públicos llevados a una institución financiera que los maneja un ente técnico que no está sujeto a la rendición de cuentas de la misma forma a la que está sujeto el presupuesto de la República”, reveló.
Mencionó que con el presupuesto las instituciones hacen un detalle en lo que invertirán los fondos. En cambio, con los fideicomisos se saca una cantidad global y se coloca en un fondo y se justifica el gasto posteriormente.
No obstante, destacó que los fideicomisos orientados al sector productivo sí tienen sentido.
