Alcaldía de San Pedro Sula podrá usar los 1,600 millones contra COVID

El Legislativo reformó el Decreto 198-2018 para que la Corporación que preside Calidonio utilice el dinero de obras de infraestructura en atender la emergencia.Diputados de la oposición advierten que es una decisión incorrecta.

El Congreso reanudará sesiones la otra semana cuando el Código esté vigente.
El Congreso reanudará sesiones la otra semana cuando el Código esté vigente. /

TEGUCIGALPA.

En su primera sesión virtual llevada a cabo en la mundialmente conocida plataforma Zoom, el Congreso Nacional le dio luz verde a la Municipalidad de San Pedro Sula para enfrentar la crisis causada por COVID-19 con L1,600 millones que estaban destinados al desarrollo de obras de infraestructura.

En una sesión técnicamente accidentada, con la participación de 115 de los 128 parlamentarios, el Legislativo aprobó la modificación del artículo 2 del decreto 198-2018, acordado el 25 de enero de 2018 para contratación y readecuación de deuda destinada a obras de infraestructura, esta vez con el objetivo de permitirle a la Municipalidad financiar “las áreas de salud y prevención de la pandemia o mitigación del desastre para garantizar a la ciudadanía la vida, la salud, su bienestar económico y social”, de acuerdo con el dictamen.

Al cerrar la sesión, alrededor de las 4:30 pm de ayer, Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, leyó el acta en la cual estableció que la Municipalidad queda autorizada para “utilizar recursos del préstamo ahí (en el decreto) autorizado para obras de infraestructura, en las áreas de salud y prevención contra esta pandemia del COVID-19 en el entendido de que todos los fondos utilizados sean transferidos cuando la situación se normalice al sector de infraestructura”.

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Años de gracia.Los dos préstamos tienen un período de 5 años de gracia. El préstamo de $119 millones será pagado por Honduras al BM entre 2025 y 2044, y el crédito de $75 millones entre 2025 y 2049.

Entre gestos de aburrimiento, interrupciones por la escasa experiencia en la utilización de Zoom, de los 115 parlamentarios que participaron lograron votar 108 y siete no encontraron el botón de encuesta o se desconectaron de la plataforma. Finalmente, 63 aprobaron la reforma, 37 dijeron que no y ocho se abstuvieron.

El diputado liberal por Cortés Darío Banegas al dirigirse al pleno expresó su descontento y desconfianza por la decisión que, en ese momento, estaban tomando sus colegas teniendo de telón de fondo en el país una ola de denuncias contra el Gobierno por el mal uso del dinero empleado para abordar los problemas desatados por la pandemia.

“Mi protesta y mi indignación también por las denuncias de irregularidades que huelen a corrupción de los aprovechados de siempre con el viejo virus de la corrupción a través de las compras directas, también en contra de eso manifiesto mi indignación.

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Millones suma de los dos préstamos suscritos el 11 y 13 de abril entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial y aprobados ayer por el Congreso Nacional.

Presidente, en esta primera sesión que tiene esta modalidad habría querido intervenir en dictámenes precedentes; pero, obviamente, dada la circunstancia anormal de esta sesión, entiendo muy bien que sea difícil obtener el uso de la palabra, pero valga este momento para decirle a mi pueblo, al que yo represento, que en esta oportunidad no he me sentido representado por quien en nombre de mi bancada ha dado un respaldo irrestricto a los dictámenes de mayores endeudamientos para el país”, dijo Banegas.

Antes de someter a discusión la reforma al artículo 2 del decreto 198-2018, el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo de Financiamiento 6593-HN, suscrito el 13 de abril de 2020 entre el Banco Mundial (BM) y el Gobierno, para obtener un préstamo de hasta $119,000,000 para financiar la ejecución del Crédito para Políticas de Desarrollo sobre Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT-DDO).

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En la sesión virtual, el Congreso también aprobó el Acuerdo de Financiamiento No.6448-HN, firmado el 11 de abril de 2020 entre el Banco Mundial (BM) y el Gobierno, por un préstamo de hasta $75,000,000 para la ejecución del “Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural - COMRURAL II”.

“Cuando se trató de los dictámenes para mayores préstamos, que quede muy claro, mi voto fue en contra, cuando se debatió también el otro dictamen del otro endeudamiento para nuestro país, porque no tenemos las explicaciones suficientes, que quede muy claro también, mi voto fue en contra y en este caso, señor presidente, en el caso de autorizar a la Municipalidad de San Pedro Sula para reorientar estos recursos por los cuales ya fue autorizada esa Municipalidad para otros destinos, en otro momento, en este Congreso Nacional, mi voto también es en contra”, dijo de manera rotunda el diputado Banegas.

La parlamentaria de Libertad y Refundación (Libre) Shirley Arriaga igualmente se manifestó en contra de la propuesta de reformar ese proyecto de ley y puso en duda que la administración de Armando Calidonio administre de forma transparente estos recursos en medio de la crisis de COVID-19 y propuso, en representación de su partido, “que se audite y que se garantice que los L1,600 millones van a ser utilizados por la población sampedrana”.

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Ante las dudas y críticas expuestas por las bancadas de la oposición, los parlamentarios del Partido Nacional, entre ellos Mario Pérez, David Chávez y Reynaldo Ekónomo, defendieron la reforma y argumentaron que el dinero será utilizado en “el combate de los efectos de la pandemia” y en “reactivar la economía de la ciudad”.

“Quiero aclarar que este no es nuevo endeudamiento y por alusión a lo que manifestaron mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, esto lo aprobamos en el año 2018 (…), lo ratificamos en el Congreso móvil de San Pedro Sula, fue apoyado por unanimidad por los diputados del Congreso, principalmente por el departamento de Cortés (…). Es autorizar a la Corporación Municipal, no es al alcalde Armando Calidonio, es a la Corporación Municipal donde hay regidores de Alianza Patriótica, de Libre y del Partido Liberal y ellos van a deliberar sobre el uso de estos recursos”, dijo el diputado nacionalista Samir Molina.

Durante la sesión, que estaba convocada para las diez de la mañana, pero que se inició alrededor de la una de la tarde, algunos diputados se mostraron aburridos, como Gilberto Yearwood, Juan Carlos Ávila y Carmen María García, quien interactuaba con las personas que estaban fuera de cámara.

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Otros diputados no participaron y denunciaron que los bloquearon.

Malestar

Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), no participó en la primera sesión virtual porque, según ella, quienes dirigen el Congreso Nacional la expulsaron de Zoom.

“Me siento sorprendida de la acción realizada en contra de su servidora al eliminarme premeditadamente de la sesión virtual del pleno del CN. A la vez indignada por la discriminación de que he sido objeto. Pero... no me callarán”, denunció Gutiérrez en su Twitter.

Alrededor de las 4:40 pm, Mauricio Oliva, desde la comodidad de su casa, vestido de jeans azul y su camisa por fuera, dio por cerrada la sesión esperando “una mejor conectividad” en el próximo encuentro virtual.

Las municipalidades pueden comprar equipo usado

El Congreso Nacional también reformó ayer el artículo 209 del Decreto 171-2019, que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio fiscal 2020, para autorizar a las municipalidades y mancomunidades a comprar, “en estado usado, pero en buenas condiciones de funcionamiento”, maquinaria o equipo pesado de cualquier índole.

También ambulancias y equipo médico, tanques o carros repartidores de agua conocidos como pipas de agua y perforadoras de pozos, siempre que su estado de depreciación por uso no exceda de 12 años.

El Congreso autorizó a las municipalidades a negociar y obtener recursos económicos provenientes de préstamos del sistema financiero nacional o de cualquier entidad de crédito internacional que opere legalmente en Honduras, bajo las mejores condiciones, hasta por una suma igual al porcentaje correspondiente al 35% del monto pendiente de desembolso de las trasferencias del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

La Prensa