Se cristalizó la advertencia efectuada por el presidente de Dippsa, Henry Arévalo, de impugnar la licitación internacional de los combustibles realizada por el Gobierno para adquirir 17 millones de barriles de combustibles.
Trafigura, propietaria del 50 por ciento de las acciones de la firma hondureña, interpuso ante la Comisión Administradora del Petróleo, CAP, un recurso administrativo de impugnación al no prosperar la solicitud de revisión de las ofertas presentadas por las compañías.
La firma holandesa Trafigura competía en el proceso con cinco empresas por el suministro de gasolina superior; con seis por el abastecimiento de gasolina regular y con cuatro por la importación de diésel.
El Gobierno efectuó el 29 de noviembre un acto oficial en el cual se anunció que la petrolera estadounidense Conoco Phillips fue la empresa ganadora para surtir por plazo de un año los referidos carburantes, con el anuncio de un ahorro estimado en 51.99 millones de dólares.
La gasolina superior tendría un descuento de 4.22 lempiras; 3.22 la gasolina regular y 2.21 lempiras el diésel, precios cotizados para el mercado capitalino.
Las acciones
La directora de la CAP, Lucy Bu, admitió que Trafigura impugnó la licitación porque no prosperó la solicitud de revisión de todas las ofertas solicitadas por la firma holandesa.
Trafigura cuestionó al Gobierno al no tomar en cuenta un crédito mercantil de 30 días presentado sin la necesidad de exponer una nota de crédito. Conoco Phillips estudia solicitarle al Gobierno que abra una carta de crédito bancaria o una línea de crédito a fin de suministrar combustibles.
Trafigura ofertó abastecer de combustibles por ambas costas, suministrar carburantes al día siguiente de adjudicada la licitación y mantener inventarios en tierra.
Conoco Phillips se limita a situar el combustible en el puerto y comenzaría a entregar combustibles en el transcurso del primer trimestre del año.
“Recibimos la documentación y la pasamos a los abogados del
Gobierno porque nosotros somos técnicos”, indicó.
Según Lucy Bu, las bases de la PEA y las transacciones de ese tipo efectuadas en el mundo petrolero “no contemplan la revisión.
Tampoco es ético en el mundo petrolero presentar los estados financieros y las ofertas de los competidores porque se violenta un principio de confiabilidad”.
Algunas empresas, continuó, solicitaron que la información presentada a la CAP no fuese de uso público.
Funcionarios y testigos de honor nombrados por el proceso han dicho que la licitación está blindada y tienen abogados listos para enfrentar las posibles demandas.
