23/03/2026
07:48 PM

Reducir la burocracia ayudaría a nivelar déficit, dicen analistas

Expertos piden al Gobierno de Honduras actuar a tiempo porque el próximo Congreso Nacional no será fácil

San Pedro Sula. La ampliación de la base tributaria, la creación de una “central de ingresos”, cancelar al 30% del personal supernumerario y suspender de forma temporal a los empleados por contrato son algunas de las claves para mejorar el déficit fiscal en Honduras, según economistas.

De manera oficial, el déficit fiscal está proyectado en un 6% para el cierre del año; no obstante, algunos economistas han advertido que el cierre oscilaría entre el 8 y 9%. También anticiparon que la meta de recaudación de impuestos, que había sido prevista en L55,873.5 millones, no se alcanzaría.

Dicha situación fue confirmada hace un mes por Marcia López, titular interina de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), quien reconoció como talón de aquiles la recaudación de los tributos que se derivan del pago del Impuesto Sobre la Venta (ISV), de donde proviene el 60% del desfase de L4,000 mil millones con que cerrará 2013.

Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), explicó ayer que en la actualidad se contabilizan alrededor de 70 mil contribuyentes naturales y jurídicos respecto a 8.5 millones de hondureños, lo que obliga a buscar la forma de ampliar la base tributaria del país.

“No se puede continuar recargando sobre 70 mil contribuyentes. Es necesario tener una capacidad tributaria mayor y eso obliga a una reingeniería de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), expresó. El economista hizo alusión a que el 95% de la recaudación de impuestos en Honduras está concentrada en Cortés y Francisco Morazán. No obstante, departamentos como Olancho y Lempira ni siquiera logran recaudar la cantidad de recursos que se les otorga en cada administración.

Ante esa situación Díaz Burdett sugirió la creación de una central de ingresos en la que, por ejemplo, funcionen programas informáticos especializados para cada ley que tiene relación con la recaudación.

“Si alguien consume algo en algún lugar, al momento de pagar con su tarjeta o pagar en efectivo, inmediatamente quedará registrado en la central de ingresos y la Tesorería de la República, la misma DEI y los ciudadanos podremos saber qué nivel de recaudación hay”, detalló.

Este mecanismo podría también ser aplicado en los rubros de energía y telecomunicaciones, con el fin de conseguir mayor eficiencia en el cobro y garantizar que los impuestos retenidos ingresen a las arcas del Estado.

“Creemos que la aplicación de alguna de estas herramientas podría significar un incremento de 20% de los ingresos tributarios del país sin incorporar un nuevo paquetazo y sin volver a afectar a la misma cantidad de contribuyentes, que normalmente somos los que estamos aportando recursos”, sostuvo el directivo del Fosdeh.

Díaz Burdett consideró que dichas estrategias servirían como propuesta en el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que se busca firmar una nueva carta de intenciones el próximo año.

Reducción de la burocracia

En la actualidad hay 92 instituciones públicas que forman parte del debate nacional que busca reducir el tamaño del aparato estatal.

Díaz Burdett reconoció que al tomar esa medida se lograría una disminución del gasto por L1,800 millones, pero advierte que se avecinaría una “lluvia” de demandas legales con las que, en pocos meses, se obligaría al reintegro de quienes sean destituidos.

“Se puede pensar que va a ser más cara la medicina que la enfermedad”, manifestó.

“Hueco grande”

Por su parte, Roldán Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), resaltó que el Gobierno, además de tener el problema del déficit fiscal, posee una deuda flotante que asciende a L6,000 millones y que básicamente son gastos sin respaldo en el presupuesto.

“Si se toma en cuenta ese hueco más el desfase de recaudación, el hueco es grande y el Gobierno tiene que hacer muchos esfuerzos”, señaló.

El economista propuso a la administración de Porfirio Lobo “actuar a tiempo” sin imponer nuevos impuestos, ya que el próximo Gobierno, que será presidido por Juan Orlando Hernández, no contará con suficiente respaldo en el próximo Congreso Nacional.

En este sentido, Duarte recomendó la cancelación del 30% del personal supernumerario, lo que “no implica mayor costo laboral”.

También propuso que todos los empleados sean suspendidos “por lo menos dos meses” para que el Gobierno evalúe quienes, en realidad, son necesarios y aquellos cuyo contrato se puede cancelar. “Es obvio que a lo mejor van a querer reincorporar a la mayoría de todos esos empleados por contrato, al fin y al cabo es el mismo Partido Nacional que estará gobernando, pero con solo la suspensión temporal de dos meses el Gobierno tendría un ahorro sustantivo”, expuso.

Otra de las medidas sugeridas por el economista es la reducción del 10% de los sueldos más elevados que se pagan en el Gobierno, que van entre los L80 mil hasta L150 mil.

“Los sueldos de los altos funcionarios son muy altos y deberían ser recortados siquiera en un 10%, porque es una forma efectiva de ahorrarse dinero y que no implica despidos ni pagar prestaciones laborales”, subrayó Duarte.