Un sueldo-bono anual de entre dos mil y tres mil lempiras, a ser cobrado entre junio y diciembre a petición de los empleados que ganan el actual salario mínimo, podría ser una solución a la enredada negociación salarial en el país.
El presidente de la Comisión Laboral del Congreso Nacional, German Leitzelar, dijo que la iniciativa de la bonificación a nivel del empresariado y del Gobierno cobró fuerza, así como la posibilidad de un incremento de 500 lempiras al salario mínimo -actualmente con base de 5,500 lempiras para el área urbana-.
Leitzelar indicó que dicha cantidad sí se sumará a la base del salario, lo que implica que el próximo incremento de 2011 sería a partir de 6,000 lempiras; mientras que el bono no producirá efecto sobre el pasivo laboral puesto que no se convierte en salario, sino que como una compensación.
El ministro del Trabajo, Felícito ávila, reconoció que ambas son varias de las opciones opciones que el Gobierno tiene para resolver la diferencia entre el 30% de aumento que piden los trabajadores y el 3% que ofrecen los empresarios. “Será el Presidente quien decida. Se deben ver los estudios desde el punto de vista técnico, entre costo de vida y capacidad de pago, para asumir esa necesidad de una aumento, pero que sea real y sostenible”, explicó ávila, quien descartó que el tema estuviera en la agenda del Consejo de Ministros a celebrarse hoy, a pesar de que anoche el mandatario se reunía con los representantes de las centrales trabajadoras.
Oposición y unión
A pesar de estarse llegando a una posible salida, los dirigentes sindicales mantienen su propuesta, al igual que los empresarios. “Ya les dijimos a los empresarios que nuestra posición se mantiene en un 30% de incremento”, dijo Israel Salinas, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, Cuth, quien calificaría de “insólita” la posibilidad de que se congelen los incrementos dada la situación económica actual del país. “Si se mantiene una posición rígida no puede haber flexibilidad”, expresó Salinas.
El sector privado advirtió que un incremento salarial desmedido generaría una nueva oleada de despidos y cierres de empresas. “Resulta que un 70% de las empresas no está pagando el salario mínimo vigente, de modo que un nuevo aumento es algo irreal”, apuntó Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi.
Luis Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, señaló que “el problema del país no radica en establecer un nuevo salario mínimo, sino en generar empleo”, lo que resultaría imposible si se impone un fuerte incremento al salario.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, Santiago Ruíz, dijo que los empresarios analizarán hoy el tema salarial, que sigue a las reformas fiscales establecidas por el Gobierno.
En lo que coinciden trabajadores y empresarios es en criticar las reformas fiscales aprobadas por el Congreso antes de Semana Santa.
Alans Tito Valle, presidente regional de los micros, pequeños y medianos empresarios, dijo que “ningún empresario está de acuerdo con un alza desmedida al salario y tampoco con el paquetazo” aprobado por el Congreso antes de Semana Santa. “Los mipymes estamos preocupados, porque si ya estábamos en bancarrota, con este paquete nos vienen a dar el golpe de gracia”.
¿Y la evasión?
Los empresarios criticaron fuertemente la imposición de tributos a las llamadas telefónicas, a los vehículos importados y al uso de Internet y señalan que a quienes afectará será a la clase trabajadora del país.
“Se habla del incremento al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Sobre Ventas (ISV). A ciertos productos de la canasta básica se les está aplicando de una manera disfrazada un incremento al Impuesto Sobre Venta, porque se eliminan los créditos fiscales”, indicó el director del Cohep, Benjamín Bográn, quien resaltó que, en cambio, el Gobierno obvia efectuar acciones en contra de las personas que cobran el 12% de ISV, y que se lo “embolsan”, o sea que no lo enteran al fisco.
“Vemos contradicciones en el paquete de medidas fiscales porque Honduras es un país subdesarrollado que necesita de tecnología, pero el Congreso Nacional aprobó el pago de un impuesto al uso de Internet”, expresó Bográn.
En otros países, continuó, se estimula que los programas de cómputo y las computadoras sean libres para que los adquieran la población con menores recursos económicos.
El director Cohep criticó también que se graba la telefonía con un impuesto, pero no se efectúan esfuerzos serios para combatir el tráfico gris de llamadas. Se imponen nuevas cargas tributarias a la importación de vehículos, pero aún no hablan nada respecto a luchar en contra de la defraudación fiscal.
“Es impresionante que la misma Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) sostenga que existen 1,500 millones de lempiras que se evaden en el ingreso de vehículos usados al país; pero aún no vemos ninguna acción para repelerla.
Esperábamos que el Congreso Nacional dejara reflejado algún tipo de acción para controlar la defraudación fiscal”, expresó. Una comisión del Congreso Nacional emitirá un dictamen en los próximos días respecto al referido paquete de medidas. “Hasta que tengamos ese documento tendremos más claridad para brindar una opinión al respecto”, indicó.
Bográn, quien fungió como ministro de Comercio durante el Gobierno anterior, indicó que se encuentran reacios a que este paquete de medidas fiscales imponga medidas en contra de la clase media y pobre del país.
