En una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el inversionista alemán Niklas Anzinger, en representación de una coalición de 144 empresas de 19 países, expresó su preocupación por la anulación retroactiva de la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede).
Este grupo de empresas ha invertido aproximadamente 250 millones de dólares en sectores como tecnología financiera, educación y turismo, generando más de 250 empleos bajo la Plataforma Próspera.
El grupo advierte de violaciones al derecho internacional de inversiones, destacando la expropiación ilegal sin compensación justa. Además, señala que, si sus expectativas no se cumplen, considerarán recurrir a arbitrajes internacionales y otras medidas legales para proteger sus inversiones en Honduras.
La CSJ declaró inconstitucional la Ley Zede el pasado 22 de septiembre, sin embargo el fallo y las resoluciones respecto a las inversiones ya existente no ha sido emitido por ese poder del Estado.
El documento concluye con un llamado a resolver el conflicto de forma amistosa para evitar mayores daños a la economía, a las empresas que invirtieron bajo un esquema legal y las relaciones internacionales de Honduras.
Por su parte, Jorge Colindres, Secretario Técnico de la Zede Próspera reacciono en la red social X, asegurando que la empresa Vitalia LLC, que está invirtiendo 20 millones de dólares en Roatán para desarrollar un centro global de investigación e innovación médica, ha solicitado al Poder Judicial de Honduras abstenerse de confiscar sus inversiones a través de un fallo retroactivo. Vitalia argumenta que tal medida está prohibida por la Constitución hondureña y afecta la seguridad jurídica de sus inversiones.
