El bloqueo que un juzgado federal de México decretó al camarón centroamericano, incluyendo Honduras, comienza a tener efectos negativos en el sector acuícola nacional.
Decenas de productores han abandonado sus fincas en Choluteca y Valle por la falta de mercado, mientras otros las tienen en venta.
Entre los afectados por el cierre del mercado mexicano, vigente desde el pasado 24 de enero, se encuentra Wilmer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores del Sur (Apemasur). Cruz dijo que esa situación lo ha obligado a no sembrar las 53 hectáreas de camarón que cultiva en Choluteca y si hay algún interesado en comprar su finca está dispuesto a venderla.
Carlos Velásquez, pequeño productor de camarón en Nacaome, dijo que tiene abandonada su finca por la incertidumbre generada por el cierre del mercado mexicano.
El mayor impacto es para más de 100 afiliados de Apemasur, ya que son pequeños y medianos camaroneros que vendían su producto a empresas nacionales para exportarlo a México, así como a compradores de El Salvador y Guatemala.
La superficie que dejará de producir rondará 5,000 hectáreas, ya que las grandes empresas no tienen mercado para colocar su producto, pues los destinos internacionales reportan una sobreoferta de camarón ecuatoriano, según Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah).
Recuerda que la crisis actual es diferente a la de 2017-2018, cuando México cerró el mercado al camarón hondureño por la supuesta presencia de la enfermedad de cabeza amarilla y que fue descartada por análisis de laboratorio. Javier explica que Honduras no tiene posibilidad de colocar camarón en otros mercados por la inundación de producto ecuatoriano, lo que no ocurrió hace seis años.
El gobierno, a través de la Cancillería y la Secretaría de Desarrollo Económico, ha enviado notas a las autoridades mexicanas para que suspendan la prohibición al camarón hondureño. A las acciones legales se ha sumado la Andah, que ha enviado a México una misión encabezada por su presidente y el director ejecutivo Javier Amador, con el objetivo de interponer un recurso legal.
