San Pedro Sula, Honduras.
Las exoneraciones a sectores productivos continúan otorgándose en el país.
Las cifras oficiales sobre estos privilegios otorgados a diferentes sectores públicos y privados así lo demuestran: en lo que va de 2015, el sacrificio fiscal del gobierno hondureño suma ya 17,873.6 millones de lempiras, cifra superior en casi el 50% a la registrada en 2013 de 8,323.8 millones.
Según un informe de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras de la Secretaría de Finanzas, el sector público que encabeza la lista de privilegiados con más de 10,400 millones de lempiras es Energía Renovable, como parte de incentivos a este sector aprobados por el Congreso Nacional y el Ejecutivo.
Esta partida comprende 1,201.4 millones de lempiras en moneda nacional y 430.9 millones de dólares, en moneda extranjera.
Se trata de compra de equipo para generación de energía eléctrica. Esta exoneración representa el 58% del total acumulado al mes de junio anterior.
Gobierno, RIT y otros
El ejemplo viene del gobierno que, excluyendo el sector de energía, es el que más se aplica exoneraciones con 1,567.7 millones de lempiras, de los cuales 1,318.5 millones se le exoneraron del pago de impuestos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y 249.2 millones a la Secretaría de Seguridad.
Le sigue el sector agroindustrial con 1,454.5 millones de lempiras; el Régimen de Importación Temporal (RIT) con un poco más de 1,295 millones de lempiras; el sector de Energía Renovable con 1,201.4 millones de lempiras y 431 millones de dólares; y los Proyectos Estatales con Fondos Externos con 1,155 millones y cuatro millones de dólares.
Más abajo en la lista está el sector de la Zona Libre con exoneraciones por el orden de 758.6 millones de lempiras; 436.1 millones de lempiras y 960,000 dólares del Artículo 15 de la Ley del Impuesto Sobre Venta; el sector construcción con 286.5 millones de lempiras y los Organismos Internacionales con 125 millones.
De enero a junio de este año también se aprobaron 41 resoluciones de exoneraciones del pago del ISV a diplomáticos; una resolución en el sector Iglesias, dos resoluciones en el sector Organismos Internacionales; una en el sector RIT y una en el Sector Público de los que tampoco se establece el monto del sacrificio fiscal para el pueblo hondureño.
Hay meses y sectores como el de las cooperativas, la energía térmica, el fomento a las exportaciones e incentivos al turismo, que no tienen asignado ningún beneficio.
Sacrificio y poco beneficio
Según organismos internacionales, las exoneraciones superan los 23,000 millones de lempiras al año, registradas y no registradas.
Organismos y economistas locales estiman que la cifra podría ser real, ya que las exoneraciones se aplican a varios sectores, sean productivos o no, sin ningún control.
“Nosotros no hemos revisado eso en detalle, pero sí creemos que puede ser ese monto porque son muchos los rubros exonerados.
Casi toda la inversión extranjera directa, la maquila, las comidas rápidas, los call centers, la energía eléctrica, tienen exoneraciones.
Son una válvula de escape de fondos para la inversión, para generar desarrollo y empleo en el país”, dijo Liliana Castillo, presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).
En su gran mayoría son exoneraciones del pago del Impuesto Sobre Ventas, aunque hay algunas para el Impuesto sobre la Renta, del Impuesto del Activo Neto, de la Aportación Solidaria Temporal e incluso del impuesto del 10% generado en operaciones con títulos valores, depósitos a la vista, depósitos a plazos y transacciones bursátiles.
Los beneficiarios incluyen a fábricas, distribuidoras agropecuarias, hidroeléctricas, generadores solares, delegaciones deportivas, sedes diplomáticas y diplomáticos.
¿Para qué las exoneraciones?
Las exoneraciones fiscales en países en desarrollo como Honduras tienen un objetivo central: la atracción de la inversión extranjera y la generación de empleo.
Pero, ¿se cumple este objetivo en las economías en desarrollo? Para la presidenta de los economistas, no.
“Se estima que casi toda la inversión extranjera que ha venido al país tiene algún tipo de exoneración y esa exoneración también se debe revisar porque deben de darse a actividades que generen empleo y que sean productivas para el país. La mayor parte de las que se dan no generan empleo ni son productivas”.
Lo que son, comentó, “es una válvula de escape de los ingresos fiscales” que necesita el país para impulsar su desarrollo.
El economista Hugo Noé Pino señala que incluso las expresas exoneradas, como los call centers, ofrecen salarios más bajos que los que existen en algunas pequeñas y mediana empresas, que sí pagan todos los impuestos de ley.
Política
En 2013, la comisión nombrada por el Congreso Nacional para investigar el tema encontró que en el país existían entonces al menos 200 leyes y decretos de exoneraciones vigentes, sin incluir en el listado las exoneraciones concedidas a proyectos de entidades estatales, como la ENEE y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Se identificaron 1,706 empresas mercantiles beneficiarias de los regímenes de exoneración fiscal, 298 municipalidades, 37 entidades gubernamentales y 804 beneficiarios más entre embajadas, misiones diplomáticas y consulares.
A la lista se adjuntan 11,322 organizaciones de sociedad civil entre iglesias, fundaciones y asociaciones étnicas.
La comisión no hizo una estimación de los montos de estas exoneraciones, sino que se remitió a una investigación sobre el tema realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2012, en el cual se establece que el monto del “gasto tributario” por este fin era de 23,000 millones de lempiras, equivalentes al 6.57% del PIB y al 42% de la recaudación total de impuestos.
En ese informe se estableció que son las empresas mercantiles las que monopolizan más del 96% del total de las exoneraciones y se estableció que el gobierno hondureño no tenía sistemas informáticos apropiados para medir el impacto fiscal y que tampoco existía un mecanismo para determinar su impacto económico y social.
Pero el problema sigue siendo de grandes dimensiones, dijo la presidenta del CHE. Hoy por hoy no se tiene información confiable sobre los montos y los beneficiarios, o sea que el nivel de exoneraciones sigue siendo el mismo. Todas las exoneraciones en todos los sectores siguen siendo igual.
El economista Claudio Salgado dijo que es lamentable que el país no cuente con información confiable sobre el número de exoneraciones fiscales en el país, salvo los estudios realizados por el BID y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Además que nadie evalúa si esas exoneraciones cumplen con los objetivos para los cuales fueron aprobadas, como generar mayor inversión y empleo, así como atraer la inversión extranjera directa y “eso no se puede medir porque no hay ninguna dependencia que le dé seguimiento, nadie audita nada, ni la DEI, ni Finanzas, ni nadie”.
