El futuro de las telecomunicaciones en Honduras está en veremos.
Dos instituciones públicas han comenzado una pugna por definir quién debe ser el responsable de dirigir el desarrollo de lo servicios de comunicación, que reportan ingresos brutos que rondan los 600 millones de dólares anuales.
Todo lo anterior está contemplado en la nueva Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, la que se prevé será aprobada en esta legislatura.
En la última década, la Conatel ha cumplido ese rol, pero ahora las autoridades de Hondutel reclaman que la primera no puede ser juez y parte, o sea que no pueden dirigir la política y a la vez regular los servicios.
Los comisionados de Conatel han respondido que Hondutel únicamente es un operador más y por lo tanto no tiene por qué inmiscuirse en la definición de políticas, que es una atribución del presidente de la República y delegada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
La Conatel estará supeditada a la Secretaría de Industria y Comercio, según los anteproyectos de ley.
La disputa
Según Rasel Tomé, presidente de la Conatel, un operador no puede tener la condición de generar las políticas del sector, porque lo haría a su criterio y lo que se requiere es alguien que defina la estrategia de desarrollo.
Agrega que lo que tiene Hondutel es “toda la capacidad para generar la política de cómo dirigir su empresa, cómo elaborar un plan de mercadeo, cómo generar un plan de inversión o cómo ampliar sus servicios de telefonía”.
Para el entrevistado, la política de telecomunicaciones es potestad del ente que está sobre los operadores y en el caso de Honduras es Conatel.
Subraya que si la Comisión pierde la facultad de dirigir el sector, entonces Conatel quedaría convertida en una ventanilla de recaudación del canon y la tasa para el otorgamiento de licencias.
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Las autoridades de Conatel se reunirán en el Congreso Nacional para exponer los comentarios sobre la nueva ley.
