La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv) solicitó una pena acumulada de 41 años y 10 meses de prisión contra los dos hombres acusados por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría Hylock.
La petición contra Javier Edgardo Montalván Gonzales, alias “La Pulga”, y Jony Ramiro Rivera Mejía, alias “El Búfalo”, fue planteada durante la audiencia de individualización de la pena, en la que el Ministerio Público también pidió sanciones adicionales por los delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada en perjuicio del esposo de la víctima, Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, así como por robo con violencia agravado cometido contra un testigo protegido y la propia exdiputada.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el domingo 25 de julio de 2021, cuando Echeverría Hylock y su esposo se encontraban en su residencia ubicada en la colonia Lomas del Mayab, en Tegucigalpa.
Según la reconstrucción del crimen presentada por la Fiscalía, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuatro personas —tres hombres y una mujer— llegaron al inmueble vestidas con trajes de bioseguridad.
Los atacantes tocaron la puerta principal y, al ser atendidos, se identificaron falsamente como personal de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conaprem), consultando si en la vivienda había personas contagiadas con COVID-19.
Una vez dentro de la casa, los individuos sacaron armas de fuego y anunciaron que se trataba de un asalto, iniciando de inmediato una balacera contra los ocupantes. Aunque Urtecho Jeamborde intentó repeler el ataque, resultó herido, mientras que la exdiputada perdió la vida a consecuencia de los disparos.
Tras cometer el crimen, los agresores huyeron del lugar, dejando a la exparlamentaria sin vida y a su esposo con heridas de gravedad. El caso fue asumido por la Sección en Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la Fedcv, que llevó adelante la investigación y el proceso judicial.
La audiencia de individualización de la pena constituye el paso previo a que el tribunal emita la sentencia definitiva contra los acusados, quienes ya fueron declarados responsables de los hechos violentos que conmocionaron a la sociedad hondureña.
