Tegucigalpa, Honduras.

Un juez dictó este jueves prisión preventiva contra siete policías y dos civiles imputados por su presunta participación en el tráfico de drogas agravado, informó el Ministerio Público.

Los acusados son Josué Perdomo, inspector de Policía; los subinspectores José Luis Cano, Miguel Ángel Zúñiga y Saúl Zúñiga; los agentes policiales Edgar Misael Velásquez, Eric Zavier Velásquez y Diblaín Mencías, así como los civiles Fredy Antonio Sosa y Londy Francisco Montealegre.

Todos comparecieron ante un juez en la audiencia inicial en la que les dictaron “auto de formal procesamiento y prisión preventiva” por el delito de tráfico de drogas agravado, indicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) presentó en la audiencia como medios de prueba las actas de inspección y decomiso, cuatro pruebas periciales, más de 20 pruebas documentales y las declaraciones testificales de los oficiales que realizaron la aprehensión.

Los policías y civiles fueron arrestados el pasado viernes por agentes de Vialidad y Transporte en el departamento de Olancho, oriente del país, en una operación en la que las autoridades decomisaron 18 kilos de cocaína, cinco pistolas y tres fusiles con sus respectivos cargadores.

Los sujetos, según investigaciones, habrían participado en un enfrentamiento de “quite de droga” en Olancho y fueron arrestados luego de varios meses de vigilancia y seguimiento.

La droga iba oculta en dos mochilas y las autoridades hondureñas señalaron que todas las armas decomisadas son de reglamento de los funcionarios policiales.

Los dos vehículos en los que se transportaban los individuos fueron decomisados por orden del juez y el departamento químico-toxicológico de Medicina Forense confirmó que la droga incautada es clorhidrato de cocaína.

La Policía Nacional es una institución salpicada por múltiples denuncias de agentes y oficiales implicados en crímenes y otros delitos como narcotráfico y robo de vehículos, por ejemplo.

En teoría, la depuración de la Policía se inició en 2011, pero no fue hasta 2016 que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aceleró el proceso tras la denuncia sobre oficiales y otros agentes que supuestamente participaron en un crimen en 2009, del zar antidrogas Julián Arístides González, y en 2011 en el del exasesor antidrogas Alfredo Landaverde.

Según se conoció, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.