Tegucigalpa, Honduras
La Fiscalía para la Transparencia y el combate a la Corrupción Pública presentó dos nuevas acusaciones ayer en contra de la exjueza de jurisdicción nacional Wendy Vanessa Caballero Reyes por abuso de autoridad, cohecho y prevaricato.
La exfuncionaria anteriomente fue declarada culpable por haber recibido 39,000 dólares a cambio de otorgar medidas sustitutivas a un acusado.
El portavoz del Ministerio Publico, Elvis Guzmán, informó que la exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes enfrentará una nueva acusacion por abuso de autoridad por haber enviado a la cárcel a un menor de edad que junto con otras 14 personas fue detenido en un barco en Trujillo.
Según el expediente judicial, las personas que estaban en el barco fueron detenidas y acusadas de lavado de activos, pues les decomisaron cierta cantidad de dólares. El menor fue enviado por la exjueza al presidio de San Pedro Sula, pese a que el abogado defensor e incluso la Fiscalía le advirtieron que debía probarse la edad del muchacho.
La exjueza Caballero volverá a enfrentar otro caso de cohecho, pues según el Ministerio Público, el segundo requerimiento presentado el viernes 15 de enero hubo conversaciones telefónicas en las que siendo Jueza de Paz de lo Civil en agosto de 2010 exigió dinero para favorecer a una de las partes de un proceso.
Elvis Guzmán indicó que Caballero Reyes, además del delito de cohecho, fue acusada por otro caso de abuso de autoridad y prevaricato cometidos siendo Jueza de Paz de lo Civil, adonde conoció una demanda en la que una de las partes reclamaba el pago de 26,000 lempiras y durante el proceso resolvió a petición de los abogados que habían sido demandados para que cerrara el proceso, argumentando que la parte que había incoado la demanda no asistió a una audiencia. Agregó que la parte afectada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público señalando que la exjueza había hecho varias llamadas telefónicas exigiendo dinero a la parte que había favorecido con el cierre del proceso; y ante tal situación, Caballero Reyes procedió a reabrir el proceso “lo cual constituye un claro abuso de autoridad”.
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